- El costo de las encuestas será considerado como parte de las erogaciones ordinarias de los partidos, aun cuando no hayan sido contratadas por los contendientes
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de lineamientos para fiscalizar las actividades de los aspirantes presidenciales y establecer el tope de gastos en 34.3 millones de pesos. Estas nuevas reglas fueron implementadas en respuesta a una orden emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el objetivo de garantizar la equidad en la contienda electoral del 2023-2024, evitando que las actividades de los partidos Morena y sus aliados, así como del frente opositor (PAN, PRI y PRD), afecten la competencia.
Los lineamientos, aunque no prohíben a los legisladores participar como aspirantes, sí imponen restricciones importantes. Los partidos políticos tendrán la obligación de reportar y documentar detalladamente todas las actividades de sus aspirantes, incluyendo la logística de las giras, los gastos en propaganda y encuestas, entre otros aspectos relevantes.
Cada aspirante presidencial tendrá un tope de gasto de 34.3 millones de pesos, que incluirá las aportaciones de militantes y simpatizantes, con un límite individual de 537 mil 041 pesos. Asimismo, aquellos que se inscriban como precandidatos podrán contribuir a su campaña hasta un máximo de 2.1 millones de pesos.
Los lineamientos también amplían las reglas para contabilizar diversos conceptos relacionados con la propaganda y los gastos de campaña. Desde la propaganda utilitaria, como los “Amlitos”, hasta los sueldos de los equipos de aspirantes, rentas, gastos de traslado y hospedaje, publicidad en vía pública, medios de comunicación, internet y redes sociales, entre otros.
Es importante destacar que la fiscalización de los gastos será retroactiva, desde el momento en que los partidos emitieron las convocatorias para sus procesos internos. El INE tendrá la autoridad de ordenar el retiro de la propaganda considerada proselitista, presente en espectaculares, vehículos de transporte público y bardas, imputando estos gastos a la cuenta de precampaña del aspirante.
Además, el costo de las encuestas será considerado como parte de las erogaciones ordinarias de los partidos, aun cuando no hayan sido contratadas por los contendientes, siempre y cuando se considere que tuvieron beneficios de propaganda.
En cuanto a los servidores públicos, se establece que solo podrán asistir a eventos políticos en días inhábiles, sin participar de manera destacada. Sin embargo, los legisladores podrán asistir incluso en días y horas hábiles, siempre y cuando no se distraigan de sus responsabilidades en el Congreso de la Unión.
