La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros prepara una iniciativa para garantizar por ley la continuidad de los programas sociales estatales que hayan demostrado resultados favorables para la población, con el propósito de que los apoyos que funcionan puedan mantenerse más allá de una administración.
La propuesta parte de una política social que durante la actual administración amplió su alcance y diversificó los apoyos dirigidos a la población. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tlaxcala se ubicó en el primer lugar nacional en programas y acciones de desarrollo social operados por los gobiernos estatales, con 108 estrategias.
Estos programas abarcan distintos ámbitos de la vida de las familias. Del total registrado, 27.7 por ciento corresponde a salud; 26.9 por ciento a bienestar económico; 10.2 por ciento a educación y otro 10.2 por ciento a alimentación; además de acciones relacionadas con vivienda digna, no discriminación, trabajo y seguridad social.
Ante la amplitud de esta política social, Cuéllar Cisneros informó que actualmente realiza una revisión programa por programa y dependencia por dependencia, para conocer su operación, alcance y resultados, y determinar cuáles cuentan con elementos suficientes para incorporarse a la legislación estatal.
“Hoy estoy trabajando en el tema social, en los programas sociales que tenemos en Tlaxcala. Estoy revisando uno por uno los de cada una de las dependencias, cómo es su organización y qué programas deben plasmarse en ley. Queremos dejarlo en ley”, señaló Cuéllar Cisneros.
La revisión busca identificar aquellas estrategias que han generado beneficios concretos para las familias y establecer las condiciones necesarias para darles permanencia jurídica y presupuestal, de manera que su continuidad no dependa únicamente de las decisiones de cada gobierno.
Uno de los ámbitos que forman parte de esta política social es el mejoramiento de vivienda. Durante la actual administración, el Gobierno del Estado reporta 58 mil acciones de construcción y equipamiento de hogares, entre ellas la entrega gratuita de tinacos, calentadores solares, baños dignos y apoyos para pisos y techos, principalmente para familias con mayores carencias.
Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI muestran que, en los últimos cinco años, también se registraron avances importantes en las condiciones y el equipamiento de las viviendas tlaxcaltecas.
Los cambios más relevantes se observan en el uso de calentadores solares de agua: en 2020 estaban presentes en 26.3 por ciento de las viviendas del estado y para 2025 la proporción aumentó a 53.9 por ciento, es decir, prácticamente se duplicó en cinco años.
En esta evolución intervienen distintos factores, entre ellos la inversión realizada por las propias familias, la ampliación de servicios y las políticas públicas de vivienda. En este último ámbito, los programas estatales han contribuido a acercar equipamiento a hogares que enfrentan mayores dificultades para realizar estas inversiones con recursos propios.
El impacto de estas acciones se refleja en necesidades cotidianas: contar con un tinaco permite almacenar agua cuando el suministro es irregular; un baño digno mejora las condiciones sanitarias de una familia; sustituir pisos o techos precarios reduce riesgos dentro de la vivienda, y un calentador solar puede disminuir el consumo de gas y el gasto destinado a calentar agua.
La política social estatal se fortaleció durante esta administración con la creación de la Secretaría de Bienestar, dependencia que desarrolla programas focalizados para atender carencias relacionadas con vivienda, alimentación, servicios básicos y bienestar.
La iniciativa que prepara la gobernadora representaría un siguiente paso en este proceso de institucionalización: establecer en la legislación aquellos programas que acrediten resultados y cuenten con condiciones para mantenerse en el tiempo.
De esta manera, la revisión permitirá definir cuáles de las estrategias construidas durante la actual administración pueden dejar de depender de una decisión sexenal y contar con bases legales para convertirse en políticas públicas de largo plazo al servicio de las familias tlaxcaltecas.
