Pachuca de Soto, Hidalgo.- La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) solicitó el 7 de abril a los magistrados colegiados de los juzgados federales de la entidad un recurso en revisión para invalidar el amparo 978-2016 –otorgado por el juez tercero de distrito– que permitió la liberación de Julio César Ángeles Mendoza, presidente municipal de Atotonilco de Tula, bajo el argumento de prescripción de delito.
De acuerdo con Julio Trujillo Meneses, director de Investigación y Litigación Región Oriente y Control de Procesos de la dependencia, la fiscalía consignó el caso del exedil del Verde por el delito peculado; posteriormente, un juez reclasificó el ilícito a negociaciones indebidas, que se considera de menor punibilidad.
Ángeles Mendoza estuvo encarcelado siete meses cuando el delito ya había fenecido, señaló la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), Blanca Sánchez Ramírez, el pasado 4 de abril.
El funcionario de la PGJH precisó que no comparten la visión de la prescripción del tiempo del delito, ya que la integración de la averiguación previa se realizó cuando la dependencia tuvo conocimiento de los hechos posiblemente delictivos cometidos por el edil durante la administración (2009-2012), en octubre de 2015.
Al tener un período dos años nueve meses para denunciar, según la media aritmética que marca el Código Penal de Hidalgo, se estaría en tiempo para iniciar un proceso para revocar su libertad, aseguró.
“Por lo que no compartimos la visión del juez federal al otorgar un amparo al edil”, insistió en entrevista telefónica.
Narró que, de acuerdo con la resolución del juez federal, el 8 de octubre de 2010 se llevó a cabo la expedición de licencias indebidas para el paso de un gasoducto; al ser un delito de consumación inmediata, a partir de esa fecha comenzó a ejercer el término de prescripción.
Sin embargo, Trujillo puntualizó que ese año Ángeles, entonces edil del Verde, no fue denunciado por sus colaboradores.
“Un segundo momento para iniciar una denuncia en su contra fue cuando entra una nueva administración el 16 de enero de 2012 (encabezada por Edgar Reyes Martínez), pero las personas llegan y no saben qué se deja de documentación. Lo que refiere el (entonces) síndico es que fue hasta octubre de año 2015 donde se percata de esta irregularidad y dos meses después, el 11 de diciembre de 2015, es cuando interpone la denuncia, es cuando tiene conocimiento el Ministerio Público y hace la consignación”, explicó en entrevista con Criterio.
La fiscalía deberá esperar el resultado del estudio del recurso de revisión, aproximadamente de uno a tres meses, añadió el funcionario.
“Sólo hay dos opciones: uno que lo confirme y quede firme; es decir, en el sentido en el que está (la sentencia), y la otra opción: tiene razón, se revoca la resolución del juez federal y se ordena al juez local de Tula que emita una nueva resolución”, explicó.
Indicó que, de darse el último caso, la situación jurídica de Ángeles Mendoza cambiaría porque cuenta con fuero, por lo que se le tendría que retirar a través de un juicio político para que procediera una orden de aprensión.
Por Daniel Martínez Martínez
