La maestra sostuvo que su salario continúa pagándose con normalidad como trabajadora de la SEP.
Desde Morelia, una maestra federal de primaria con 45 años de servicio denunció ser víctima de una presunta usurpación de identidad que, asegura, pone en riesgo su derecho a pensionarse. Según su relato, una persona que supuestamente labora en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la Ciudad de México, habría utilizado su nombre y documentación para acumular años de cotización y tramitar una pensión a su nombre.
Maricarmen Mendoza Zamora explicó que descubrió la irregularidad en mayo pasado, cuando acudió a solicitar un reporte en el Sistema Nacional de Vigencia de Derechos (SINAVID) con la intención de revisar la posibilidad de tramitar un préstamo como derechohabiente del ISSSTE. Sin embargo, al consultar su información encontró que sus datos personales ya aparecían vinculados a un historial laboral distinto al suyo.
“Ya me habían robado mi identidad”, afirmó la docente, al señalar que la persona involucrada utilizó su CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de identificación e incluso existirían documentos con una firma que le atribuyen y videos donde supuestamente aparece firmando trámites relacionados con una pensión en la Ciudad de México.
La maestra aseguró que nunca ha trabajado en la Profeco y que, pese a ello, autoridades le indicaron que existe un registro donde aparece adscrita a esa dependencia, específicamente en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Ante esta situación acudió a las áreas de Afiliación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Pensiones del ISSSTE para solicitar la corrección de su expediente. No obstante, señaló que ambas instituciones se han remitido mutuamente la responsabilidad de resolver el caso.
“Son 23 años de servicio que me están robando”, expresó al explicar que, en algunos registros, únicamente aparece con un año de antigüedad en la SEP, pese a que ha dedicado más de cuatro décadas a la docencia.
Además, dijo haber presentado una denuncia ante la Fiscalía, aunque aseguró que hasta el momento continúa sin una solución que le permita avanzar en su trámite de jubilación. La educadora considera que el aparente uso indebido de su identidad tendría como objetivo obtener una pensión estimada en alrededor de 25 mil pesos mensuales.
Finalmente, advirtió que su caso no sería aislado y aseguró tener conocimiento de otros docentes que presuntamente enfrentan problemas similares relacionados con sus derechos pensionarios, por lo que pidió a las autoridades investigar el origen de las inconsistencias y garantizar la protección de la identidad y los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
