Michoacán se mantiene como una de las entidades más impactadas por la crisis de fosas clandestinas en el país. De acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas, presentada por Data Cívica y ARTICLE 19 México, 68 de los 113 municipios del estado han registrado al menos una fosa clandestina con presencia de cuerpos o restos humanos, lo que evidencia la magnitud territorial del problema.
Entre los municipios con mayor número de hallazgos destacan Morelia, con 18 fosas registradas tanto por la Fiscalía General del Estado (FGE) como en medios de comunicación; Uruapan, con 34 reportadas por la FGE, dos por la FGR y 17 documentadas en prensa; y Jacona, con siete registradas por la FGE y 10 difundidas en medios. Estas cifras muestran que los hallazgos no se concentran en una sola región, sino que se distribuyen en distintas zonas del estado.
A nivel nacional, los datos de últimos años (2023 y 2024) evidencian discrepancias entre lo reportado por fiscalías y lo documentado en medios de comunicación, situación que también impacta la lectura de la realidad en Michoacán. En ese periodo, las entidades con mayor número de fosas reportadas por fiscalías fueron Sonora, con 317; Colima, con 95; Baja California, con 91; Coahuila, con 61; y Jalisco, con 59.
En contraste, los estados con más fosas documentadas en medios de comunicación no coinciden totalmente con los reportes oficiales. Sonora se mantiene en primer lugar, aunque con 174 fosas reportadas en prensa. Además, entre 2023 y 2024 los medios informaron sobre la exhumación de al menos 2 mil 17 cuerpos y 2 mil 719 restos óseos, cifras superiores a las reconocidas por las fiscalías.
En cuanto a cuerpos localizados y reportados en medios, los estados con mayores registros fueron Sonora, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Colima, lo que coloca nuevamente a Michoacán entre las entidades con mayor impacto en términos de víctimas encontradas en fosas clandestinas.
La Plataforma Ciudadana de Fosas
De acuerdo con Data Cívica y ARTICLE 19 México, esta herramienta surgió ante la falta de un registro público nacional actualizado sobre fosas clandestinas y recopila información oficial y de fuentes abiertas desde 2006 hasta diciembre de 2024. Durante su elaboración, las organizaciones detectaron inconsistencias, diferencias metodológicas y problemas de trazabilidad en los datos.
Anteriormente, parte de esta información podía solicitarse a las fiscalías a través de la Ley de Transparencia, mediante requerimientos presentados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI), ahora es más complejo interponer recursos cuando las autoridades no entregan la información o lo hacen de manera incompleta.
La ausencia de un organismo garante federal que supervise y obligue a las fiscalías a cumplir con la entrega oportuna y transparente de estos datos limita el acceso a la información pública en un tema clave para las familias buscadoras y la sociedad.
