La posibilidad de que una elección sea anulada por la intervención del crimen organizado abrió una nueva disputa política y jurídica en Chihuahua. El Congreso estatal aprobó cambios a la legislación electoral que también contemplan restricciones para candidaturas cuando se acrediten vínculos con grupos delictivos.
La reforma, sin embargo, ya fue llevada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Diputados de Morena que votaron en contra de los cambios presentaron una acción de inconstitucionalidad para cuestionar algunas de sus disposiciones.
Uno de los puntos que el partido puso sobre la mesa es la forma en que podrían acreditarse los vínculos de una candidatura con la delincuencia organizada. Morena sostiene que no debería bastar con señalamientos o presunciones para impedir que una persona participe en una elección, al considerar que una medida de este tipo tendría que estar respaldada por un procedimiento y una resolución firme.
La controversia también alcanza las reglas para anular una elección. Los legisladores morenistas cuestionaron que la reforma utilice la expresión “con incidencia en el proceso electoral” sin establecer con claridad qué grado de afectación tendría que demostrarse para dejar sin efecto los resultados.
Desde su perspectiva, esa redacción podría generar margen para invalidar una elección sin acreditar que la intervención delictiva modificó de manera determinante el resultado de la votación.
Morena también señaló que la reforma no contempla de manera expresa la intervención o injerencia extranjera como causal de nulidad, otro de los elementos incluidos en los argumentos de su impugnación.
Ahora será la SCJN la que determine si las disposiciones aprobadas por el Congreso de Chihuahua se ajustan al marco constitucional. Mientras tanto, la reforma mantiene abierta la discusión sobre hasta dónde pueden llegar las reglas electorales para impedir la participación del crimen organizado sin afectar derechos políticos y garantías como el debido proceso.
