El sector considera que tras la difusión de presunta anomalías en la aplicación del operativos Atarraya, la estrategia “se manchó”
Alberto Dzib
Tras la difusión de presuntas irregularidades en la aplicación del operativo Atarraya el pasado 7 de febrero, comerciantes de Toluca solicitaron a las autoridades mexiquenses que este tipo de acciones cuenten con la participación de diversas instituciones para evitar posibles anomalías que afecten al sector formal.
El operativo Atarraya, implementado para combatir el tráfico de estupefacientes, fue denunciado por propietarios de barberías en el Estado de México, quienes aseguraron que sus establecimientos fueron clausurados después de que en videograbaciones se observara la posible siembra de droga por parte de agentes de la Fiscalía estatal.
Ante ello, la presidenta del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, Verónica Valdés, señaló que si bien este tipo de operativos son necesarios, se han identificado fallas que deben corregirse, pues de lo contrario se afecta la confianza en las autoridades y el patrimonio de quienes invierten en un negocio.
“A lo mejor sería conveniente hacer revisiones colegiadas, donde participen tanto la Fiscalía como representantes de derechos humanos y del sector empresarial. Si lo que se busca es mejorar, no podemos permitir que se convierta en un mecanismo de persecución para los empresarios”.
La repredentabte del comercio, destacó que las denuncias generadas por el operativo han causado incertidumbre entre los comerciantes formales, quienes buscan cumplir con la normatividad, pero ahora temen ser objeto de inspecciones irregulares.
“Esto ha generado nerviosismo y temor porque el sector formal, en su mayoría, trata de hacer las cosas bien y cumplir con los requisitos, si la autoridad va a revisar sectores donde se han detectado irregularidades, debe hacerlo de la mejor manera. No se puede permitir que el sector empresarial tenga miedo de las inspecciones, debe haber certeza jurídica para quienes invierten y generan empleo”, agregó.
La representante empresarial también señaló que en distintas reuniones han solicitado que haya equidad en la regulación de los negocios, ya que consideran que el comercio informal opera con mayor flexibilidad en comparación con los establecimientos formales.
“Hemos pedido que haya condiciones parejas. En muchas partes del municipio hay comercios informales que no son sujetos a revisiones, mientras que un restaurante debe cumplir con múltiples requisitos. Se debe apoyar a quienes arriesgan su capital y generan empleo, sobre todo a los jóvenes emprendedores”, dijo.
Verónica Valdés instó a que los órganos internos de control de la Fiscalía y la policía estatal realicen una investigación sobre las denuncias de irregularidades en el operativo Atarraya y que se adopte un modelo de revisión colegiada, similar al que se aplica en operativos como el alcoholímetro.
“Creo que vale la pena que se tomen el tiempo de revisar todos los procedimientos. Si se realizan inspecciones con representantes de varios sectores, se podrían evitar actos de corrupción y garantizar que estos operativos cumplan con su propósito sin afectar a quienes trabajan dentro del marco legal”, concluyó.
