Autorizaciones heredadas sin estudios técnicos detonaron la disputa por zonas de carga y pasaje
Berenice León
Atlacomulco, Estado de México.— La incorporación de nuevas unidades de taxi en zonas ya reguladas de la cabecera municipal de Atlacomulco ha provocado un conflicto entre organizaciones de transportistas, quienes denuncian invasión de áreas de trabajo, disputa directa por el pasaje y un desorden operativo que, aseguran, es resultado de decisiones administrativas tomadas sin planeación.
De acuerdo con el gremio, el origen del problema se remonta a la administración de la ex presidenta municipal Marisol Arias Flores, cuando se otorgaron vistos buenos sin estudios técnicos ni la intervención del Consejo Municipal de Movilidad, permitiendo la entrada de unidades en puntos donde el servicio ya se encontraba saturado.
Nabor Segundo Linares, presidente del sitio Isidro Fabela y Terminal A.C., explicó que el conflicto comenzó hace aproximadamente un año, cuando unidades ajenas empezaron a operar y cargar pasaje en zonas que por décadas han sido atendidas por organizaciones locales.Detalló que, tras los primeros permisos, el sitio Isidro Fabela y el sitio Río Lerma TIC-Tic lograron acuerdos para respetar sus zonas de operación y evitar confrontaciones; sin embargo, la posterior llegada de unidades pertenecientes a la empresa “Transportaciones Terrestres Geiman”, rompió ese equilibrio al disputar el pasaje en los mismos puntos.
“No hubo consenso. Se invadieron zonas donde llevamos más de 40 años trabajando y se nos desplazó de nuestros espacios.No hay estudios técnicos para establecer más bases, solo son vistos buenos para que se puedan colocar.”, afirmó.
Aunque se instalaron mesas de diálogo, el dirigente señaló que no se han logrado acuerdos de fondo, mientras la operación de estas unidades continúa generando tensión entre transportistas y confusión entre los usuarios.En este contexto, los inconformes apuntaron a Transportaciones Terrestres Geiman como la principal beneficiada con las autorizaciones, al advertir que su operación mantiene un vínculo con Alejandro Bernaldes, ex subdelegado regional de la Secretaría de Movilidad. Para el gremio, esta relación abre la puerta a un posible conflicto de interés, al tratarse de una empresa ligada a un exfuncionario de la misma dependencia responsable de regular el transporte público en la zona norte de la entidad.
Linares precisó que no existe oposición a la operación de nuevas unidades siempre que estén debidamente concesionadas y cumplan con la Ley de Movilidad; no obstante, insistió en la necesidad de reubicar estas unidades en zonas donde no afecten a terceros, como una medida básica para reducir el conflicto.
“SI están debidamente regulados como lo marca la ley de movilidad ,pueden trabajar sus unidades de taxis, pero pedimos que los reubiquen en otros puntos , donde no afecten a terceros grupos, es lo ideal para que no haya conflictos entre taxistas .Se ve un claro favoritismo hacia este grupo”, acotó.
Advirtió además que un escenario similar ya se presentó en el municipio de El Oro, donde la misma empresa pasó de operar seis unidades a concentrar alrededor de 40 taxis. En Atlacomulco, indicó, actualmente circulan al menos ocho unidades de este grupo, con posibilidad de que el número aumente.
“El problema es que se están autorizando unidades sin estudios técnicos que respalden su operación. Eso es lo que hoy tiene al transporte en el caos”, sostuvo.
Recordó que la organización Isidro Fabela opera formalmente en el municipio desde 1952 y que históricamente ha mantenido coordinación con otras agrupaciones.Sin embargo, advirtió que la falta de orden en el transporte público se ha agravado por la ausencia de una autoridad capaz de regular y consensuar.
De acuerdo con cifras del gremio, la organización cuenta con un padrón de mil 097 concesiones, mientras que en Atlacomulco se estima que diariamente circulan hasta 3 mil 500 taxis, más las unidades otros municipios como Ixtlahuaca, Jocotitlán, El Oro, San Felipe del Progreso , Acambay, Morelos, y Temascalcingo, lo que evidencia la saturación del servicio y la urgencia de un reordenamiento integral.
El líder transportista reiteró que el conflicto no es entre organizaciones, sino consecuencia de decisiones administrativas heredadas que permitieron la operación de nuevas unidades sin planeación ni criterios técnicos, situación que hoy mantiene al municipio en un clima de tensión constante.
