Aunque hay campañas de prevención en municipios como Jocotitlán, el acoso sexual y la violencia de género siguen siendo de los delitos más frecuentes en el transporte colectivo de la región.
Por: Berenice León
El transporte público en la zona norte del Estado de México continúa siendo un espacio de riesgo para mujeres y niñas. Municipios como Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco, Temascalcingo, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Acambay, Aculco, Polotitlán, Jiquipilco y Jilotepec enfrentan una preocupante incidencia de casos de acoso sexual y violencia por razones de género, particularmente en unidades de transporte colectivo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el primer cuatrimestre de 2025, en el Estado de México se han registrado más de 2,500 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual, siendo el transporte público uno de los entornos más reportados por víctimas. Dentro de esta categoría, el acoso sexual representa más del 30% de los casos.
En la zona norte mexiquense, las denuncias por violencia de género han sido tema central en las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz, donde autoridades municipales, estatales y federales han identificado patrones comunes que exigen acciones coordinadas. La violencia familiar, las agresiones sexuales y el acoso en espacios públicos, figuran entre los delitos más reportados en la región.
Ante esta situación, el municipio de Jocotitlán ha puesto en marcha una campaña de sensibilización que ha incluido la rotulación de más de 100 unidades de taxi con mensajes directos sobre el acoso sexual y la violencia de género. Estas unidades, que prestan servicio en zonas tanto urbanas como rurales, ahora también son vehículos de información y prevención. Las infografías que portan incluyen líneas de emergencia, mensajes de apoyo a las víctimas y recordatorios sobre las consecuencias legales de estas conductas.
Además, los choferes están siendo capacitados para identificar y atender situaciones de riesgo, convirtiéndose en un primer punto de contacto para mujeres que se sienten vulnerables.
La campaña busca ser replicada en municipios vecinos, ya que muchos de ellos comparten rutas de transporte y problemáticas similares.
Durante las mesas de coordinación de seguridad, autoridades han señalado que la falta de denuncias formales sigue siendo un obstáculo, pues muchas mujeres optan por el silencio ante el miedo a represalias o la normalización de este tipo de agresiones.
Clectivos feministas locales han insistido en que la prevención debe ir acompañada de una respuesta institucional eficiente, con seguimiento a las denuncias, sanciones efectivas y programas permanentes de educación en perspectiva de género.
