Berenice León
En entrevista exclusiva, el representante indígena Caleb Suárez José afirma que la resolución del TEEM reconoce su derecho a voz y voto en cabildo, tras un proceso marcado por exclusión institucional y restricciones de acceso.
El pasado 26 e mayo, el Tribunal Electoral del Estado de México determinó que el Ayuntamiento de Jocotitlán incumplió con las condiciones necesarias para el ejercicio del cargo de la representación indígena, al no garantizar su participación en sesiones de cabildo ni el acceso efectivo a sus funciones dentro del gobierno municipal.
El órgano jurisdiccional acreditó que la representación indígena no era convocada de forma regular a cabildo, carecía de recursos básicos para operar y enfrentó descuentos en su salario, por lo que ordenó la restitución de sus derechos y la implementación de condiciones para el ejercicio pleno de su encargo.
En entrevista para Ultra Noticias, el representante indígena del municipio Caleb Suárez José sostuvo que la resolución no solo corrige omisiones administrativas, sino que establece un precedente en el reconocimiento de la participación indígena dentro de los ayuntamientos.
“Lamentablemente al menos hablando en el municipio de Jocotitlán,se desconoce lo que es una representación indígena, y se piensa que es como una dirección de asuntos indígenas,que es como tal una unidad administrativa. Entré a asuntos indígenas ostentando el cargo de representante pero a su vez me querían encasillar como personal administrativo”, expresó.
Explicó que fue electo en abril de 2025 y que desde entonces buscó integrarse a las sesiones de cabildo mediante solicitudes formales que no fueron atendidas, lo que derivó en la presentación de un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de México en febrero de 2026, con acompañamiento de la defensoría federal.
“Yo fui electo en abril de 2025 para la representación, a partir de ahí empecé a demandar el derecho a tener voz en cabildo, y en su momento yo solo apelaba a derecho a voz porque pues era lo que constitucionalmente estaba establecido, lo intente hacer por vía verbal , por vía oficios, pero los oficios nunca fueron recibidos”, dijo.
A partir del inicio del procedimiento, señaló que el Ayuntamiento tuvo conocimiento del caso, aunque los acercamientos posteriores no se realizaron de manera directa con la presidenta municipal, Aylin López.De acuerdo con su testimonio, el conflicto derivó en un proceso de aislamiento institucional dentro del gobierno municipal, en el que afirmó haber enfrentado presiones y señalamientos relacionados con el manejo de recursos económicos asignados a su función.
Sostuvo que dichos recursos fueron utilizados para intentar presionarlo a desistir del procedimiento, además de que posteriormente se le restringió el acceso a instalaciones del Ayuntamiento, se suspendieron apoyos económicos vinculados a su encargo y fue notificado de su desconocimiento como representante indígena, pese a contar con un nombramiento vigente.
“En su momento se me quiso intimidar diciendo que yo me estaba enriqueciendo ilícitamente con los recursos que me estaban brindando.Es triste porque en este gobierno que al menos en Jocotitlán creíamos que era un aliado para los pueblos indígenas y que desde campañas ostentaron la bandera ; pero a la hora de demandar los derechos no vemos esa realidad”.
“Los pueblos indígenas en Jocotitlán hemos estado, estamos y estaremos en Jocotitlán.Dentro del ayuntamiento solo tenía derecho a voz, pero nunca fui convocado,pero ahora con la sentencia tengo derecho a voz y voto, entonces lo que esperamos de aquí en adelante es que se me convoque a cabildo como lo establece la sentencia y de ahí en adelante ejerzamos plenamente el derecho”, sostuvo.
El representante indígena agregó que también se vio afectado el acceso a seguridad social, luego de que tras un accidente intentó acudir al ISSEMYM sin poder hacer uso de ese derecho, situación que atribuyó a la suspensión de su condición dentro de la administración municipal.
Afirmó que los descuentos aplicados a su salario fueron justificados como inasistencias, aunque sostuvo que sus actividades se desarrollaban principalmente en territorio.
Suárez José consideró que su participación generó incomodidad dentro del cabildo al intentar ejercer derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.A su juicio, el caso refleja una brecha entre el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos indígenas y su aplicación efectiva en el ámbito municipal, estatal y federal.
“Fue una forma deliberada de aislar ,de discriminación,de violentar los derechos políticos electorales, derechos humanos en este caso de mi persona. El hecho de que una persona levante la voz y quiera ejercer derechos establecidos en nuestras máximas leyes y tratados internacionales incomoda, porque se tiene la mala costumbre de que hay que seguir una línea pero como siempre lo he dicho la línea es para y por los pueblos indígenas”, subrayó.
Tras la resolución del tribunal, señaló que el fallo representa un avance al establecer obligaciones claras para garantizar la participación efectiva de la representación indígena en cabildo.Sin embargo, expresó dudas sobre su cumplimiento en el plazo de 10 días fijado por la autoridad jurisdiccional y advirtió que, en caso de incumplimiento, acudirá nuevamente a instancias legales.
En tanto el tribunal ordenó la restitución de derechos, el pago de lo correspondiente a su salario, condiciones laborales adecuadas y el acceso formal a sesiones de cabildo.
“Estoy escéptico, en el sentido de que vayan a cumplir en el plazo de 10 días que es lo dicta la sentencia,pero si no cumplen tendremos que recurrir nuevamente al tribunal o a las instancias que sean pertinentes para que esto no quede en una sentencia que se violentó,si lo hacen que bueno, si no es así, pues estamos dispuestos a continuar con este lucha que no es mía, es una lucha como lo he manifestado incluso a la presidenta municipal ; por y para los pueblos indígenas de Jocotitlán par dejar precedentes para que en un futuro quienes vengan a ocupar este cargo, no pasen las mismas situaciones”, enfatizó.
Finalmente, Caleb Suárez José afirmó que el caso no debe entenderse como un conflicto individual, sino como un precedente para otros municipios del Estado de México donde persisten limitaciones en la representación indígena.
