El representante indígena sostiene que el caso evidencia falta de voluntad para cumplir el fallo y garantizar su participación en cabildo
Berenice León
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Sala Regional Toluca, confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) en favor de la representación indígena del municipio de Jocotitlán, al considerar infundados los argumentos presentados por la autoridad municipal.
La resolución federal ratifica el criterio del tribunal local, que previamente determinó que existieron afectaciones en el ejercicio del cargo del representante indígena, al no garantizarse su participación plena en las sesiones de cabildo ni las condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones.
El caso llegó a la Sala Regional mediante el Juicio General 54 de 2026, promovido por la alcaldesa de Jocotitlán, Aylin López, quien impugnó la sentencia del TEEM al sostener que dicho órgano no tenía facultades para intervenir en el conflicto, al tratarse desde su perspectiva de asuntos internos del Ayuntamiento.
Sin embargo, la Sala Regional Toluca desestimó dichos argumentos y determinó que el Tribunal Electoral del Estado de México sí era competente para conocer del caso, debido a que los hechos denunciados inciden directamente en el derecho político-electoral del ejercicio del cargo de la representación indígena.
En el proyecto se precisó que la actuación del tribunal local se realizó dentro de sus atribuciones, de manera proporcional y acotada, sin invadir la autonomía municipal.
“Se desestiman los agravios porque el tribunal local sí tenía competencia respecto a la materia de fondo resuelta en la sentencia, ya que los actos incidieron en el derecho político-electoral de ejercicio del cargo del representante indígena ante el ayuntamiento”, se expuso en la resolución.
De acuerdo con el representante indígena, Caleb Suárez José, la determinación federal confirma la validez de la sentencia local y coloca el caso en fase de cumplimiento, que deberá ser supervisada por las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
Suárez José señaló que, tras la resolución, el caso entra en una etapa en la que el Ayuntamiento debe acatar lo ordenado por la autoridad electoral, aunque expresó dudas sobre su cumplimiento en los plazos establecidos.
“Con esto se confirma que no hay voluntad, y a pesar de que la razón no les asistió, no espero que den el acatamiento enseguida, yo creo que vendrá o será ya una cuestión de presión por parte de la autoridad electoral”, expresó.
Agregó que, desde su perspectiva, el conflicto evidencia una distancia entre el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos indígenas y su aplicación en el ámbito municipal.
“Al ayuntamiento o a este gobierno los pueblos indígenas no le interesa; solo en el discurso, no en el hecho para hacernos partícipes en la toma de decisiones”, sostuvo.
El representante indicó que dará seguimiento al cumplimiento de la sentencia ante el Tribunal Electoral del Estado de México, instancia que deberá vigilar la ejecución del fallo y, en su caso, determinar las medidas correspondientes si no se acatan las disposiciones ordenadas.
