Entre las principales reformas destacan dos nuevas leyes que reemplazan a otras ya existentes: la Ley de la Guardia Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ian Arriaga
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) once reformas legales y nuevas leyes aprobadas por Morena y sus aliados en el Congreso durante el reciente periodo extraordinario de sesiones.
Entre las principales reformas destacan dos nuevas leyes que reemplazan a otras ya existentes: la Ley de la Guardia Nacional, que ahora consolida a este cuerpo como parte de las Fuerzas Armadas adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Con la publicación, comienzan a correr los plazos para la implementación de los múltiples cambios contenidos en estas normas, así como el término de treinta días para que las minorías parlamentarias o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puedan promover acciones de inconstitucionalidad. Estas serán resueltas por la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que inicia funciones en septiembre.
Entre las principales reformas destacan dos nuevas leyes que reemplazan a otras ya existentes: la Ley de la Guardia Nacional, que ahora consolida a este cuerpo como parte de las Fuerzas Armadas adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Una novedad de la Ley de la Guardia Nacional es que este cuerpo podrá solicitar la geolocalización en tiempo real y los datos conservados de comunicaciones a concesionarios de telecomunicaciones sin necesidad de orden judicial. También se autoriza a sus miembros a solicitar licencia para contender por puestos de elección popular, como ya sucede con otros integrantes de las Fuerzas Armadas.
Se creó además la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que otorga amplias facultades al Centro Nacional de Investigación (CNI) para desplegar una Plataforma Central de Inteligencia (PCI) interconectada con sistemas públicos y privados. El CNI tendrá 180 días hábiles para instalar y poner en operación esta plataforma.
Otro cambio trascendente es la publicación de las nuevas leyes Federal de Competencia Económica y en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que implican la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como órganos autónomos. Sus funciones pasarán a un órgano desconcentrado llamado Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y a un organismo descentralizado llamado Comisión Nacional Antimonopolios (CNA). Los integrantes de estas nuevas comisiones serán nombrados por la Presidenta y ratificados por mayoría simple en el Senado o la Comisión Permanente.
Especialistas han señalado que estas leyes contradicen disposiciones transitorias de la reforma constitucional de diciembre pasado, al ordenar la extinción inmediata de los órganos autónomos apenas se integren las nuevas comisiones, lo que podría ocurrir en cuestión de semanas, en lugar de esperar seis meses.
Además, fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que extingue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), cuyas funciones pasarán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta ley elimina la obligación de consulta pública previa para muchas regulaciones y prevé que la Conamer desaparezca en treinta días hábiles.
Las dependencias federales tendrán 90 días hábiles para transferir a la ATDT sus centros de atención telefónica y crear el Centro de Atención del Bienestar de la Administración Pública Federal.
En materia de seguridad, también se fortalece el combate a la desaparición de personas con la creación de una Plataforma Única de Identidad (PUI), que funcionará como fuente primaria de consulta en tiempo real de datos sobre personas no localizadas. Se establece la CURP con huellas digitales y fotografía como el documento nacional de identificación obligatorio y de aceptación universal en todo el país, en formatos físico y digital.
Los ciudadanos podrán autorizar que sus datos biométricos ya existentes en otras plataformas de Gobierno, como el SAT o pasaportes, se integren a la Secretaría de Gobernación (Segob) para su CURP; de negarse, deberán registrarlos en módulos específicos. Segob tendrá cuatro meses para desarrollar este programa para niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, se publicaron reformas para eliminar el Coneval, trasladando sus funciones de evaluación de política social al INEGI; modificaciones en materia de lavado de dinero, ferroviaria para reforzar trenes propiedad del gobierno, y en la Ley General de Vida Silvestre para prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos.
