La confederación propone reglas en la legislación secundaria para evitar cierres y pérdida de empleo formal durante la transición
Alberto Dzib
La CONCANACO solicitó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas contemple un subsidio desde la hora 41 semanal, con el objetivo de compartir el costo del tiempo extraordinario entre empleadores y el Estado y evitar impactos financieros en negocios familiares.
La postura se dio tras el avance legislativo de la iniciativa que se avaló en el Senado y fue turnada a la Cámara de Diputados, ante lo que el organismo empresarial sostuvo que la discusión debe trasladarse a la legislación secundaria con instrumentos operativos que permitan una transición gradual, sin afectar la continuidad de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio, los servicios y el turismo, sectores que concentran empleo formal en colonias y municipios.
“CONCANACO confía en que el proceso legislativo permitirá construir una ruta equilibrada: a favor del bienestar laboral, y a favor de la sostenibilidad de los negocios que sostienen el empleo formal”.
Entre las propuestas planteadas se encuentra mantener un día de descanso obligatorio por semana sin modificaciones al régimen vigente, ampliar el margen de horas extra de 9 a 12 horas semanales con posibilidad de distribuirlas en cuatro días y permitir hasta cuatro horas extraordinarias por jornada con regulación expresa.
La Confederación también propuso definir una zona de flexibilidad semanal que permita hasta 56 horas con reglas claras, revisar el esquema de horas triples y establecer consecuencias desde el primer rebase de topes legales para eliminar prácticas discrecionales.
Además, planteó habilitar acuerdos entre patrón y trabajador para distribuir la jornada sin exceder 12 horas diarias, implementar control electrónico obligatorio de asistencia con trazabilidad verificable y establecer un régimen especial para MiPyMEs con plazos diferenciados para adoptar sistemas tecnológicos.
El organismo, que reporta representación de más de dos millones de afiliados, indicó que la discusión no se centra en aceptar o rechazar la mejora de condiciones laborales, sino en definir mecanismos que permitan su aplicación sin afectar el empleo formal ni la operación cotidiana de negocios familiares que sostienen la economía local.