La Ley General de Población y la Ley General de Desaparición Forzada buscarán alertar de manera más rápida a las autoridades
Atenea Rojas
En la conferencia en Palacio Nacional de este lunes, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, presentó dos iniciativas de reformas a dos leyes en materia de desaparición para fortalecer la búsqueda y localización de personas en el país.
Por lo anterior, la consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, destacó que las propuestas buscan reformar la Ley General de Población y la Ley General de Desaparición Forzada para alertar de manera más rápida a las autoridades.
Entre los principales objetivos de las modificaciones, destaca instituir la Clave Única de Registro de Población (CURP) como una identificación oficial con fotografía y huellas dactilares. Así como, ser de carácter obligatorio alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses.
Aunado a ello, se ordena la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación sobre desapariciones, la cual deberá registrar y compartir información de manera inmediata, sin que deban transcurrir 72 horas.
Las propuestas también consideran establecer sanciones para los servidores públicos y particulares que incumplan con la generación, actualización y compartición de información relevante para la búsqueda de personas, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas.
Dicho sistema operará dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, será administrado por el Registro Nacional de Población como parte de la Plataforma Única de Identidad.
En el caso de la Plataforma Única de Identidad, se establecerá a partir de la transmisión de los datos asociados a cada CURP, será la herramienta para la generación de alertas, búsquedas en tiempo real y localización. Además, el Instituto Nacional Electoral deberá permitir consultas en tareas de investigación, y toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial.
