Rafael Rodríguez
El Sistema Nacional de Cuidados (SNC) se plantea como un mecanismo para reconocer y redistribuir las tareas de cuidado, tradicionalmente asumidas por mujeres sin remuneración, con el propósito de favorecer la participación laboral y la autonomía económica. Su objetivo es coordinar políticas públicas dirigidas a la atención de niñas, niños, personas con discapacidad, personas mayores y quienes realizan labores de cuidado, bajo un esquema de corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.
Durante 2025, el SNC se encuentra en una etapa de consolidación progresiva, con avances legislativos y presupuestales impulsados por el gobierno federal, aunque aún sin un marco legal completo que garantice su operación integral. En marzo de 2024 se incorporó el derecho al cuidado en la Ley General de Desarrollo Social, y en abril de ese mismo año la Cámara de Diputados aprobó las reformas que establecen al SNC como parte de las políticas de equidad de género. No obstante, la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados continúa pendiente en el Senado.
En materia presupuestal, el Paquete Económico 2025 incluyó un anexo específico con 45 mil 810 millones de pesos destinados a programas vinculados al cuidado, equivalente al 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto. De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, se requeriría entre 1.2 y 1.6 por ciento del PIB para lograr una cobertura suficiente. El número de niños atendidos en guarderías del IMSS, por ejemplo, descendió a 201 mil en junio de 2025, frente a los 217 mil registrados en 2019.
En el ámbito institucional, el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolla un modelo progresivo enfocado en la atención a la niñez y a las personas mayores, mientras que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes integró el tema al Plan Nacional de Desarrollo 2025. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo colabora en el diagnóstico y diseño de estrategias para fortalecer el sistema.
A nivel nacional, las acciones continúan siendo parciales. La cobertura de servicios de cuidado es limitada —con alrededor de 90 mil espacios públicos y privados identificados—, y los recursos permanecen distribuidos entre distintos programas sin una articulación plena. Estudios del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la Organización Internacional del Trabajo indican que la implementación completa del sistema podría elevar la participación laboral femenina hasta 58 por ciento para 2035 y generar un retorno económico estimado de 1.77 por ciento del PIB.
En el Estado de México, el Congreso local aprobó en 2025 reformas para crear el Sistema Estatal de Cuidados (SEC), alineado con el marco nacional. Este mecanismo busca coordinar servicios para personas dependientes y cuidadoras, e incorpora el derecho al cuidado digno y a la seguridad social. La entidad forma parte del grupo de los primeros estados que reconocen este derecho en su legislación local.
Sin embargo, la implementación del SEC depende de recursos federales y de la creación de infraestructura específica, como centros de día y programas de capacitación. Los retos principales se relacionan con la ampliación de servicios en zonas con alta demanda y con la evaluación interinstitucional para medir resultados en materia de igualdad de género y reducción de cargas no remuneradas.
En conjunto, los avances legislativos y las acciones institucionales representan un paso hacia la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados. No obstante, la falta de un marco legal integral, el presupuesto limitado y la cobertura insuficiente continúan siendo los principales desafíos para alcanzar un modelo funcional y sostenible.
