Los grupos parlamentarios encabezados por Rubén Moreira, Jorge Romero y Javier Huacus rechazan las reformas a las leyes de Amparo y Amnistía, por considerarse peligrosas para México
Redacción AR
Luego de la aprobación y publicación de las reformas a la ley de Amparo y de Amnistía, y de acuerdo a los requisitos constitucionales de un tercio de las Cámaras que exige nuestra carta magna, las y los diputados del PRI, PAN y PRD, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para seguir fortaleciendo el régimen de libertades, equilibrios y controles al poder.
La reforma a la Ley de Amparo aprobada por la mayoría oficialista, impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, por lo que el juicio de Amparo deja de ser un medio efectivo de protección; puntualizando que con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil.
En cuanto a los cambios realizados a la Ley de Amnistía, señalaron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los Tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito.
La amnistía genera la impunidad, e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho de acceder a la verdad, a la justicia y la reparación, por lo que es claramente violatorio de los derechos de las víctimas.
Esta reforma, además proporciona a la autoridad una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a alguna tercera persona. Los requisitos establecidos para acceder a la amnistía generan un incentivo para realizar actos de represalia política, incluso con falsedad de declaraciones.
Es una reforma que vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución. “La amnistía no es igual al indulto y está señalada claramente como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión”, recalcan las bancadas priista, panista y perredista.