Grupos delictivos atacaron Tula, Xicotlán y Acahuetlán con drones explosivos y armas de alto calibre; deja saldo preliminar de 20 civiles lesionados y al menos 96 personas
Atenea Rojas
La Secretaría de Gobernación (Segob) movilizó a funcionarios federales al municipio de Chilapa, en la región Montaña Baja de Guerrero, para atender la crisis de violencia generada por la disputa entre grupos criminales, principalmente “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, que en los últimos días dejó ataques armados, personas lesionadas y desplazamientos forzados en comunidades indígenas.
De acuerdo con reportes oficiales, los grupos delictivos atacaron las localidades de Tula, Xicotlán y Acahuetlán mediante el uso de drones explosivos y armas de alto calibre, provocando un saldo preliminar de 20 civiles lesionados y al menos 96 personas desplazadas, aunque habitantes de la zona señalan que la cifra podría aumentar conforme continúan los enfrentamientos.
Ante la situación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal mantienen presencia permanente en la región para reforzar la seguridad, contener nuevos ataques y garantizar el acceso de ayuda humanitaria y servicios médicos a las comunidades afectadas.
El funcionario detalló que las fuerzas federales realizan patrullajes y recorridos en caminos serranos para evitar que continúen los bloqueos y ataques armados, además de brindar acompañamiento a las familias que han abandonado sus hogares por temor a la violencia.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación señaló que ya se establecieron mesas de diálogo con policías comunitarias, autoridades locales y habitantes de la región con el objetivo de restablecer el orden y atender las necesidades de la población afectada. No obstante, la dependencia federal subrayó que no existe ningún tipo de negociación con grupos criminales.
Asimismo, habitantes de las comunidades afectadas exigieron mayor presencia permanente de las autoridades federales y estatales, además de apoyo humanitario para las familias desplazadas, quienes enfrentan escasez de alimentos, medicamentos y acceso limitado a servicios básicos tras abandonar sus viviendas.
