Sheinbaum también fue tajante al asegurar que no establecerá ningún tipo de diálogo con abogados que representen a miembros del crimen organizado.
Ian Arriaga
El Gobierno de México interpuso una demanda por difamación en contra de Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán López, tras las declaraciones que este realizó en medios internacionales, donde acusó al Estado mexicano de proteger a ciertos grupos criminales y señaló directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria confirmó la acción legal durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde subrayó que su administración no permitirá acusaciones sin sustento que pongan en entredicho a las instituciones del país. “No se puede dejar pasar este tipo de declaraciones”, afirmó. Sheinbaum también fue tajante al asegurar que no establecerá ningún tipo de diálogo con abogados que representen a miembros del crimen organizado.
Jeffrey Lichtman, conocido por defender a narcotraficantes de alto perfil, declaró que el Gobierno mexicano no tiene autoridad moral para intervenir en el caso judicial de Guzmán en Estados Unidos. En una entrevista posterior a la audiencia del 11 de julio, donde su cliente se declaró culpable de tráfico de drogas y crimen organizado, Lichtman criticó la supuesta intención del Estado mexicano de involucrarse en el acuerdo de cooperación judicial, calificándolo como “absurdo”.
Incluso, revivió el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, detenido en 2020 en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico y posteriormente exonerado en México. Según el abogado, ese episodio demuestra una supuesta protección estatal a figuras del crimen. Lichtman fue más allá al calificar a Sheinbaum como “relacionista pública de una organización narcotraficante”, comentario que desató una firme reacción del Ejecutivo mexicano.
Ante estas declaraciones, Sheinbaum reafirmó que su gobierno se rige por principios de legalidad y transparencia, y que la demanda presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es una medida necesaria para salvaguardar la integridad del Estado. “No vamos a permitir que desde el extranjero se ataque sin pruebas al Gobierno de México. Las instituciones deben defenderse y los resultados en seguridad deben medirse por hechos, no por calumnias”, expresó la presidenta.
Además, en respuesta a la mención del caso Cienfuegos, Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer público todo el expediente del general, desde su arresto en EE.UU. hasta su liberación en México, como parte de un ejercicio de transparencia que —dijo— debe cerrar la puerta a especulaciones.
La demanda contra Lichtman representa un quiebre en la relación entre el Gobierno mexicano y los abogados defensores de narcotraficantes. Claudia Sheinbaum ha sido enfática al señalar que no permitirá que se difundan declaraciones que, sin pruebas, afecten la credibilidad de las instituciones del país. En medio de uno de los juicios más mediáticos relacionados con el narcotráfico en la región, el Gobierno de México busca enviar un mensaje claro: no tolerará vínculos con el crimen ni agresiones mediáticas impunes.
