Pidió respaldo institucional para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por grupos criminales
Redacción AR
El diputado federal Rubén Moreira Valdez llamó a las autoridades federales y estatales a cerrar filas para combatir la extorsión, delito que calificó como un verdadero “impuesto criminal” que asfixia a familias, comerciantes, productores y empresarios, al tiempo que debilita la economía, inhibe la inversión y vulnera el Estado de derecho.
Al presentar un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI advirtió que la extorsión se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la seguridad, el desarrollo económico y la convivencia social en México.
Explicó que este delito no sólo genera pérdidas económicas inmediatas, sino que también establece mecanismos permanentes de control social y económico sobre las víctimas. A través de amenazas, intimidaciones y actos de violencia, organizaciones criminales obligan a las personas a entregar recursos, modificar sus actividades productivas o incluso abandonar sus comunidades.
Moreira Valdez señaló que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por extorsión pasaron de 8 mil 734 casos en 2019 a 10 mil 227 en 2024, lo que representa un incremento cercano al 17 por ciento. Asimismo, durante 2025 se registraron 11 mil 081 víctimas, la cifra anual más alta de la última década.
El legislador coahuilense destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas son particularmente vulnerables a este fenómeno delictivo. Recordó que las Mipymes representan más del 99 por ciento de las unidades económicas del país y generan alrededor del 70 por ciento del empleo nacional.
Por ello, exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las autoridades estatales, a fortalecer las estrategias de prevención, atención y combate a la extorsión, especialmente en las regiones con mayores índices de incidencia.
Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales reforzar las capacidades de investigación y persecución penal, así como consolidar mecanismos de coordinación e intercambio de información para identificar y desarticular a las estructuras criminales dedicadas a esta actividad ilícita.
Finalmente, pidió a la Secretaría de Economía y a las autoridades estatales implementar acciones de acompañamiento, asesoría y orientación para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por este delito, con el propósito de proteger la actividad productiva, preservar empleos y fortalecer las economías locales.
