Alfredo Ramírez Bedolla ha expresado su preocupación, debido a que en caso de aprobarse, dejará en libertad a 6 mil criminales en el estado.
Derivado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá inaplicar la prisión preventiva oficiosa (automática), apuntando a que esta figura trasgrede los derechos a la presunción de inocencia, integridad personal, libertad, garantías judiciales e igualdad.
Al menos en el Estado de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha expresado su preocupación, debido a que en caso de aprobarse, dejará en libertad a 6 mil criminales en el estado y unos 65 mil en todo el país, dando a conocer que para platicar del tema ya ha tenido acercamientos con gobernadores, ministros y ministras.
Por su parte, Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán expuso que este cambio traerían consigo un retroceso, pues fortalecería a los grupos criminales y se dispararía el índice delictivo, apuntando a que es bien sabido que “cuando se detiene a alguien que porta un arma de fuego y formar parte de una cédula delictiva, cuando se deja en libertad vuelve a realizar estas acciones”.
“En el caso de la Fiscalía del Estado de Michoacán, compartimos el criterio como prácticamente todas las fiscalías del país de la necesidad de mantener el mecanismo o medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa y la justificada con el fin de evitar que quienes infringen la norma penal estén o reincidan en la comisión de delitos”, manifestó.
