Los testigos en varias ocasiones estos han recibido amenazas, sido privados de la libertad, desaparecidos e incluso asesinados.
Entre los retos que tiene la Fiscalía General del Estado de Michoacán se encuentra el de contar con un Centro Estatal de Protección a Personas Intervinientes, compartió Adrián López Solís, titular de esta corporación, sin embrago, con el recurso de 1,566,662,656 propuesto al Congreso por parte del estatal para 2024, se prevé que este centro quede solo en un anhelo para próximos años.
En este sentido, el fiscal externó las razones por las cuales es necesario un inmueble de este tipo, acentuando que hay casos en los que los testigos, víctimas directas e indirectas deben acudir a las audiencias para sostener datos de prueba contra los imputados, a consecuencia de ello, en varias ocasiones estos han recibido amenazas, sido privados de la libertad, desaparecidos e incluso asesinados.
“Ya no es solo un tema de brindarles medidas de protección, sino de resguardarlos físicamente. Este esquema de protección no tiene todavía el desarrollo que quisiéramos, porque sí se requiere inversión, infraestructura, es un tema que tarde o temprano se le tiene que dar prioridad”, señaló el funcionario.
Así mismo, compartió que una ampliación de recurso le vendría bien a la Fiscalía, pues se necesitan al menos 200 policías más de investigación para homicidio y personas desaparecidas, enfatizando que como solución momentánea los últimos egresados del Ministerio Público se distribuirán a diversas areás con falta de personal.
