#OpiniónYAnálisis por #DanielCamargo
Daniel Camargo
En Tlalnepantla, las preguntas sobre el crecimiento urbano dejaron de ser un asunto exclusivo de las reuniones vecinales. Los señalamientos ya apuntan hacia las oficinas donde se revisan planos, se expiden licencias y se decide qué puede construirse en el municipio.
¿Quién supervisa las obras? ¿Qué documentos respaldan cada autorización? ¿Existen controles para detectar conflictos de interés? Y una pregunta adicional: ¿las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos corresponden con los bienes y el nivel de vida que públicamente se les atribuyen?
Las respuestas corresponden al gobierno encabezado por Raciel Pérez Cruz.
Habitantes de distintas comunidades han cuestionado la aparición de obras y desarrollos cuya legalidad, sostienen, debe comprobarse. Uno de los casos mencionados se encuentra en Lomas Boulevares, donde vecinos reportaron la construcción de bodegas y pidieron revisar permisos, licencias de uso de suelo y dictámenes técnicos.
La denuncia vecinal no prueba, por sí sola, que exista una irregularidad. Pero obliga a la autoridad municipal a exhibir los documentos que acrediten que las obras cumplen con la normatividad. En materia urbana, el silencio también construye sospechas.
El caso adquiere otra dimensión al revisar la estructura del Ayuntamiento. Al frente de Desarrollo Urbano aparece Roberto Eduardo Olvera Ángeles. En la Coordinación de Comunicación figura Roberto Eduardo Olvera Castellanos.
Los señalamientos difundidos sostienen que entre ambos existe una relación de padre e hijo. Ese parentesco tampoco constituye automáticamente una falta administrativa. La pregunta relevante es otra: ¿el Ayuntamiento identificó esa relación, evaluó posibles incompatibilidades y aplicó los mecanismos previstos para prevenir conflictos de interés?
Hasta ahora, con la información disponible, no puede afirmarse que alguno de los funcionarios incurrió en una conducta ilegal. Tampoco existe base para atribuirles responsabilidad sobre las construcciones denunciadas sin revisar previamente los expedientes, permisos y actuaciones administrativas correspondientes.
Lo que sí existe es una obligación política de rendir cuentas.
Para Raciel Pérez Cruz, el problema no comienza con una sentencia. Empieza cuando su gobierno acumula cuestionamientos sobre parentescos dentro de la administración, posibles conflictos de interés, desarrollos inmobiliarios controvertidos y niveles de gasto que requieren explicación, sin ofrecer información suficiente para despejarlos.
Una revisión del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Contraloría municipal y las demás autoridades competentes permitiría determinar si existe materia para analizar declaraciones patrimoniales, procedimientos de contratación, posibles conflictos de interés y autorizaciones urbanísticas. Corresponde a esas instancias establecer si los señalamientos tienen sustento administrativo o si deben descartarse.
La responsabilidad del gobierno estatal también entra en escena. No para dictar culpabilidades desde el discurso, sino para evitar que las denuncias permanezcan archivadas en el terreno de la sospecha pública.
En Tlalnepantla no hacen falta condenas anticipadas. Hace falta algo más sencillo y, al mismo tiempo, más incómodo: abrir los expedientes, publicar los permisos, explicar los parentescos, transparentar las declaraciones patrimoniales y permitir que los documentos hablen.
Si todo está en regla, una revisión oficial podrá acreditarlo. Si no lo está, el verdadero privilegio habría consistido en gobernar bajo la apuesta de que nadie se atrevería a preguntar.
