#OpiniónYAnálisis por #CynthiaValerianoLópez
Cynthia Valeriano López
No es un misterio que desde hace más de 15 años el gobierno ha perdido el control del territorio en manos de la delincuencia organizada. Vamos en cada sexenio, ideando mil y una maneras de ponerle un alto, con estrategias tan opuestas como declararle la guerra a los malosos o esperar que se resuelva a partir del reparto de subsidios (atención a las causas le dicen).
Lo cierto es que el asunto ya forma parte d ellos análisis de fragilidad económica para México, que provocaron una disminución de las perspectivas de crecimiento para el 2024 y 2025 por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en sus reuniones anuales. Pero veamos el fondo del asunto, sin apasionamientos, filias o fobias de por medio, puro dato que nos ayude a entender, el porque es tan importante controlar este terrible mal si queremos prosperar en este sexenio, que en menos de 100 días ya registra casos realmente preocupantes en estados concretos como Chiapas, Guanajuato o la Ciudad de México.
La inseguridad y la violencia en México han tenido un efecto directo en las empresas, quienes enfrentan un contexto en el que la extorsión y la percepción de riesgo se han intensificado en los últimos años. Solo entre 2018 y 2024, la extorsión ha mostrado un aumento constante, con una subida del 7.7% en lo que va del 2024, afectando principalmente a negocios micro, pequeños y medianos, piense usted en negocios locales como la venta de pollo y carne, tortillas, pequeños talleres, fondas y taquerías y que decir de negocios tan importantes como los agropecuarios.
Esta situación es particularmente crítica en estados como Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Jalisco, que presentan altos índices de violencia y extorsión. Estos factores han ocasionado que los empresarios enfrenten altos costos de operación e inversión en medidas de seguridad, generando condiciones desfavorables para la continuidad de sus negocios, que en su inmensa mayoría han tenido un impacto directo en la formación de los precios que usted y yo pagamos en nuestro día a día.
Datos oficiales como los presentados en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reflejan el impacto económico de la inseguridad en las empresas que es superior al 1% del PIB. Las empresas deben destinar un promedio de 56,936 pesos anuales para implementar medidas de seguridad, y muchas han cerrado o reducido operaciones al no poder enfrentar los costos de la extorsión o el pago de “derecho de piso” exigido por el crimen organizado. Mención aparte tiene la denuncia ciudadana de estos hechos, solo el 11.4% de los incidentes son reportados, debido a la desconfianza en las autoridades y la percepción de impunidad. Esto genera una “cifra negra” de delitos que no se registran oficialmente, dificultando la implementación de políticas efectivas para combatir el problema.
La actividad empresarial es vital para nuestra economía, estas unidades económicas, que van desde los micro negocios hasta las empresas medianas generan el 52% del PIB nacional y el 72% de los empleos formales, también son responsables del basto de bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades diarias, por lo que al entrar en conflicto con la delincuencia organizada que mantiene el control de más del 30% de las rutas terrestres de distribución, se desestabiliza la cadena de suministro, causando desabasto temporal en algunas regiones y el encarecimiento de productos básicos.
Mucho hemos hablado del “nearshoring” como una oportunidad invaluable para que México mejore su posición de competencia económica y productiva en el mundo, pero también a partir de la existencia de múltiples riesgos internos, entre ellos la falta de control del territorio para garantizar el desempeño de la actividad económica, podría ser una oportunidad perdida que se diluya con el tiempo, por lo pronto, siguen refiriéndose a nuestro país como un destino atractivo para la inversión extranjera, siempre que la inseguridad no siga representando esa barrera muy costosa de sortear.
Las empresas multinacionales, señalan los analistas internacionales, que operan en México en la actualidad o desean instalarse en un futuro cercano, deben considerar los altos costos de seguridad y el riesgo de interrupciones, que en un entorno tan competitivo reduce el atractivo de nuestro país.
Recientemente hemos observado como algunos inversionistas importantes han revaluado sus planes de expansión en el país debido a la percepción de riesgo, lo cual limita las oportunidades de crecimiento en el comercio exterior y afecta nuestra balanza comercial, si bien debemos esperar a la presentación del Plan Nacional de Desarrollo para entender de mejor manera que tantos ajustes se realizaran en materia de seguridad para revertir la situación actual, la inversión espera un cambio de timón radical en esta materia, principalmente ante el inminente cambio de modelo de administración de justicia en el poder judicial y el riesgo de que sea precisamente la delincuencia, la que termine de conquistar el último eslabón de la infraestructura institucional para operar con plena libertad y sin temor a represalias.
Mientras tanto, sigue la MIPyME en esta lucha por defender su derecho a existir, a crecer y a prosperar, ya que los apoyos y subsidios no sirven, cuando la justicia no vive entre nosotros.
