#OpiniónYAnálisis por #OscarGlenn
Oscar Glenn
Ha quedado claro entre la sociedad mexicana que hoy una de las necesidades más urgentes para el sistema electoral y la preservación de la utilidad representativa de la democracia es asegurar a como dé lugar la integridad de las candidaturas, específicamente frenar a aquellos que hoy se conoce como “narco candidatos” o candidatos con vínculos criminales, que de llegar al poder, potencian su influencia nociva e impunidad y muchos casos llegan a ser “secreto a voces” dejando a la autoridad superada, estupefacta, y a la sociedad vulnerable.
Con esta intención aparente y pese a la renuencia inicial del INE, en la reciente reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2026, se establecen nuevos filtros de evaluación y revisión de perfiles de personas que aspiran a competir por cargos de elección popular.
Para ello se ideó la creación de una Comisión de Verificación de Integridad que será la encargada de recibir y analizar los listados de las personas propuestas por los partidos políticos y candidaturas independientes previo a su registro oficial, articulando para este propósito el trabajo e información de instancias de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera, para verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos de integridad antes de que inicien las campañas.
La intención es buena, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo? Pues aún cuando se estableció este requisito como optativo, qué capacidad se requiere para analizar potencialmente a múltiples candidatos a las 500 diputaciones federales; 17 gubernaturas (Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) integrantes de 31 congresos locales e integrantes de Ayuntamientos en 31 entidades también, en esta llamada elección intermedia.
Así la situación se requiere para empezar cuando menos de buenos ingenieros electorales, capaces de diseñar los mecanismos funcionales para cumplir con este cometido y no dejarlo en un intento fallido o una simulación.
Consulté al respecto a la consejera presidenta del IEEM, la Doctora Amalia Pulido, quien aseguró que es atribución completa del INE tomar las medidas necesarias para frenar candidaturas vinculadas con el crimen, así lo marca la propia reforma electoral reciente, “es un tema bastante complejo y habrá que ver como lo aterriza el INE, hasta ahorita como viene la reforma, los institutos electorales no tenemos esa atribución de crear esa comisión especial…” afirmó.
La doctora Pulido aseguró también que hay apertura para hacer lo que se requiera y lo que mande el INE, el cual podría tomar la decisión de instruir a los institutos locales a actuar al respecto y ante ello el IEEM pondrá toda su capacidad en acción para conseguir el objetivo. Ojalá el INE establezca esto como prioridad y no demore en sentar las bases para cumplir lo necesario, poner en marcha la integración de los mecanismos necesarios, así como las reglas específicas y atribuciones de quienes se integren al mecanismo y quienes se sujeten a estas evaluaciones indispensables.
PROVOCACIONES
Frustración: El torneo futbolero mundial que era la esperanza del sector restaurantero para generar un repunte en sus ventas, ahora reconoce y lamenta que muchos propietarios de micro y pequeñas empresas tendrán complicaciones para absorber el costo de los permisos exigidos para la proyección pública de los partidos o exponerse a sanciones millonarias de parte del IMPI a quienes cometan infracciones, según se ha difundido, y eso limitará la atracción de clientes.
Con razón se preguntan quién permitió que se establecieran tales condiciones restrictivas aún cuando nuestro país es sede del evento deportivo y ha dado múltiples facilidades a los organizadores. Parece expropiado el futbol que ahora resulta un espectáculo sumamente caro, inalcanzable para la mayoría ver partidos en los estadios y además ahora siembran desesperanza, incertidumbre o temor si intentan ganar algo adicional durante el certamen. Preocupa sobre todo que este sea el precedente para futuros eventos similares a los cuales podrían intentar también aplicar restricciones.
