Opinión y Análisis por Perícles De Buen Hierro
Hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual callejero mientras se dirigía a un evento público en el centro de la capital. Un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, se acercó para tocarla e intentar besarla en el cuello. El episodio, captado en video y viralizado en redes, evidenció la tardía reacción de su equipo de trabajo y la vulnerabilidad de la mandataria en un espacio abierto.
El agresor, identificado como Uriel “N”, fue retirado del lugar, pero poco después cometió otro acto de abuso sexual contra una joven en el mismo centro histórico. Esto derivó en su detención y consignación ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX. La presidenta anunció que presentaría su denuncia formal y señaló que lanzaría una campaña para visibilizar la violencia en espacios públicos. La Secretaría de las Mujeres condenó el hecho y la ONU expresó su solidaridad, subrayando la urgencia de prevenir toda forma de violencia contra las mujeres.
Más allá de la rapidez con que se procesó este caso, surgen preguntas inevitables: ¿refleja la vulnerabilidad de la presidenta el mismo riesgo que enfrentan millones de mujeres en México? ¿todos los casos reciben la misma atención y celeridad? ¿qué tan fácil es acceder a la máxima figura política del país?
Las cifras sobre este tipo de actos son alarmantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 840 millones de mujeres en el mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual a lo largo de su vida. Sin embargo, el progreso hacia su erradicación ha sido sumamente lento: los índices han disminuido apenas 0.2% anual en las últimas dos décadas. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 45% de las mujeres ha vivido algún tipo de abuso o acoso sexual. Tan solo en lo que va de 2025 se han abierto más de 25 mil carpetas de investigación por abuso sexual, lo que convierte a este delito en uno de los más denunciados. No obstante, no todas estas denuncias derivan en sanciones efectivas.
Bajo ese contexto, se vuelve necesario evaluar si la atención y eficacia mostrada en el caso de Uriel “N” se aplica de manera uniforme, sobre todo considerando que recientemente se creó la Secretaría de las Mujeres, cuyo objetivo es coordinar políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia, sin importar quién sea la víctima.
Otro aspecto que llama poderosamente la atención es la facilidad con la que Uriel “N” pudo llegar hasta la presidenta. Si el agresor hubiera portado un arma, el desenlace pudo ser trágico. Esto no debe tomarse como un hecho menor, especialmente porque días antes un ataque armado le costó la vida a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, aun cuando contaba con un equipo de seguridad mayor al que se pudo observar en compañía de la presidenta. De ahí la extrañeza por la ausencia de un protocolo preventivo ante posibles ataques a la mandataria. En este contexto, algunas voces han sugerido que el incidente contra Sheinbaum fue un montaje para desviar la atención del caso Manzo. Sin embargo, más allá de estas especulaciones, lo cierto es que ambos hechos revelan la fragilidad institucional frente a la violencia.
La conclusión es clara: la violencia, en cualquiera de sus formas, se ha convertido en una constante en México. Que incluso la presidenta haya sido víctima demuestra que el acoso sexual no distingue clase social, edad ni cargo público. Por ello, urge que las autoridades actúen con eficacia y sin excepciones, porque la ciudadanía exige que en los delitos contra las mujeres y otros actos violentos “no quede huella” de impunidad, tal y como canta el afamado grupo Bronco.
