“Los automóviles no son un ser vivo, por lo tanto, no tienen derechos”, declararon los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) y el Frente Michoacano de Defensa de Seguridad Social en su postura respecto a la iniciativa de la Regulación de Marchas y Plantones, por lo que aseguraron que no consideran un automotor como un “tercero” al ser perjudicado.
Por ello, invitaron a los automovilistas afectados por movilizaciones a bajar de su auto y caminar a sus respectivos destinos.
Ante su negativa a dicha iniciativa de ley, se mantuvieron en las inmediaciones del Congreso del Estado para que una comitiva atienda las supuestas irregularidades.
El tema dijo preocuparles, ya que en este mes de septiembre inicia el segundo periodo de sesiones en el Congreso del Estado y aunque es un tema que aún se debate, y no hay fecha de que sea presentado en el Pleno, los integrantes de dichas asociaciones de mostraron en una rotunda negativa para su implementación.
Cabe recordar que desde noviembre de 2015, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Michoacán emitió un dictamen Ha Lugar con referencia a la Ley que garantiza las manifestaciones en el Estado de Michoacán de Ocampo y protege el libre ejercicio de los derechos humanos durante las mismas. El asunto será remitido a la mesa directiva para su discusión en el pleno.
Al respecto, la diputada priísta Rosa María de la Torre, quien es también la presidenta de esta Comisión, señaló que lo primero que garantiza esta Ley es que cualquier persona pueda manifestar lo que considere importante sin necesidad de una autorización previa, pero con la salvedad de que en espacios educativos y donde se prestan servicios de salud, no se podrá bloquear ni impedir el acceso.
La doctora De la Torre también aclaró que en las vías públicas, como carreteras locales o federales, no se podrá obstruir más del 50 por ciento de dicha avenida, y no habrá restricción en plazas y espacios públicos.
En la propuesta de ley se pretenden aplicar sanciones de 36 días de arresto administrativo, así como multas de 100 a 500 días de salario mínimo a quien infrinja dicha ley, lo cual monetariamente ascendería a casi 30 mil pesos.
Cabe recordar que en este tema el PRD se ha manifestado en contra, y de prosperar el dictamen en el Pleno se contaría sólo con el respaldo del PRI y PAN, cuyas bancadas irían de la mano para sacar a flote la propuesta.
