Newsweek Aguascalientes
Aguascalientes. La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal de Aguascalientes otorgó permisos de construcción en una fracción del Ejido Los Pocitos, a pesar de conocer una sentencia ratificada por el Tribunal Colegiado de Circuito que reconoció la propiedad del predio a 36 ejidatarios.
Documentos en poder de Newsweek Aguascalientes prueban que el Comisariado Ejidal de Los Pocitos ha pedido a esa secretaría, en dos ocasiones el último año, que ejerza sus facultades e intervenga para suspender obras con las que una fracción del ejido es invadida por una farmacia y lotes afuera del condominio La Plazuela.
Ambas solicitudes fueron selladas de recibido, pero la dependencia no contestó ni ejerció intervención alguna. A la fecha, los particulares siguen construyendo sobre el terreno e incluso vendiendo algunos lotes, según los afectados, con anuencia del ayuntamiento.
Incumple sentencia… y su palabra
El Ejido Los Pocitos fue dotado a sus propietarios en 1940, a través de una resolución presidencial. En 2002, un ejidatario vendió una fracción de su parcela individual, marcada con el número 46, para construir el fraccionamiento, que fue autorizado en 2004 por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplade) del gobierno del estado.
El conflicto comenzó en 2009, cuando las empresas compradoras Inmobiliaria Máxima 100, S.A. de C.V. y Constructora Máxima 100, S.A. de C.V., desarrolladoras del condominio La Plazuela, comenzaron a construir un área comercial sobre una franja de terreno ubicada entre los límites del fraccionamiento y esa carretera, hoy boulevard Garza Sada.
“Cuando el ejido percibe que ellos empiezan a delimitar terrenos hasta la carretera, se platica con ellos. Al hacer caso omiso, también se ejercita una demanda ante el Tribunal Agrario en 2009 (…) Los fraccionadores argumentaban que la parcela 46 colinda en su totalidad con la carretera y que tenían todos los permisos tanto de gobierno del estado como de gobierno municipal. Esto fue desvirtuado ante las autoridades jurisdiccionales competentes, dando como resultado una resolución favorable en las tres instancias al Ejido Los Pocitos”, explica Cuitláhuac López Flores, el abogado que llevó el caso.
Los planos proporcionados por el Registro Agrario Nacional muestran que la parcela 46 solo tiene salida a la carretera Aguascalientes-Jesús María, hoy boulevard Garza Sada, por el lado sur; al norte y al oriente colinda con otras parcelas y al poniente con una franja de la propiedad ejidal.
En el juicio agrario 182/2009 se incluyó como demandado al ayuntamiento de Aguascalientes, que entonces tenía el proyecto de ampliar y consolidar la carretera Aguascalientes-Jesús María.
Previo análisis de los documentos con los que el ejido demostró su propiedad, y la elaboración de levantamientos topográficos que la corroboraron, el ayuntamiento firmó en 2010 un convenio ante el Tribunal Unitario Agrario. Se comprometió a pagar a los ejidatarios el pedazo del terreno que el boulevard Eugenio Garza Sada se ‘comería’, a dejar a salvo los derechos de la superficie restante y estar atento a la resolución que entonces se esperaba emitiera el Tribunal Agrario. Los ejidatarios recibieron su pago desde ese año.
Ese Tribunal favoreció a los ejidatarios en primera instancia, al igual que el Tribunal Superior Agrario en el juicio de revisión. Finalmente, en 2016, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió a favor los campesinos el juicio de amparo promovido en tercera instancia y ordenó la ejecución forzosa para la recuperación del predio.
Después de esa sentencia definitiva, algunos nuevos compradores de los lotes que invaden el terreno promovieron un amparo indirecto. Este aún no se resuelve, aunque el Juez de Distrito concedió la suspensión de la ejecución. Según el abogado, la suspensión implica que, por ahora, no puede recuperarse el predio, pero no modifica la resolución que ratificó la propiedad a los ejidatarios.
A pesar de la sentencia judicial y del convenio que el ayuntamiento firmó en 2010, la Sedum ha otorgado en los últimos dos años permisos para que esos particulares sigan construyendo en un terreno que no les pertenece.
“La actual administración municipal empezó a dar permisos de construcción que transgreden la ley y afectan el predio propiedad del ejido porque las construcciones no tienen con acceso a la vía pública ni cuentan con el título de propiedad hasta el boulevard. Por lo tanto, les están otorgando permisos para invadirnos este predio. En uno de ellos ya hay una farmacia Guadalajara y en otro actualmente se está levantando una construcción”, denuncia el abogado.
Representado legalmente por el abogado, el Comisariado Ejidal dirigió al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Enrique Peralta Plancarte, la primera petición de intervención el 24 de febrero de 2015. La segunda, el 24 de junio de 2016. En ambas hizo saber al funcionario que uno de esos particulares pretendía atravesar el predio “para acceder a la vía pública, como lo hizo Farmacia Guadalajara, argumentando tener el consentimiento y permiso de esa secretaría a su cargo (sic.)”.
Los dos oficios fueron sellados de recibido, pero la dependencia no respondió.
“Pretenden invadir, en unos casos, quizá cinco metros; en otros seis, siete, pero la realidad es que están invadiendo, en total, casi mil metros propiedad del Ejido Los Pocitos y, lamentablemente, con permisos de la autoridad municipal. A partir de esta administración municipal se generaron los permisos. Por razones obvias no tengo copias, pero personal del ejido fue con el constructor y éste manifestó que tenía permisos. También fue a Desarrollo Urbano y ya directamente dijeron que sí habían expedido la licencia de construcción”, asegura Cuitláhuac López Flores.
Los ejidatarios y su defensa aseguran que, con el aval del ayuntamiento, los particulares intentan ‘confundir’ su propiedad con la del ejido para llegar hasta el boulevard. Para hacerlo, señalan, han pulverizado su propiedad en varios terrenos con subdivisiones que la autoridad no debió haber autorizado, precisamente por no tener acceso a la vía pública.
Como se observa en los planos, la parcela 46 tenía acceso a la vía pública por su lado sur, pero la forma en que ha sido fraccionada ha provocado que algunos terrenos queden sin ese acceso. Para el abogado, se trata de acciones premeditadas de los particulares, que quieren aprovechar la confusión de terrenos inducida intencionalmente.
Newsweek Aguascalientes solicitó una entrevista a Enrique Peralta Plancarte, pero hasta el cierre de la edición no había obtenido respuesta.
Conocidos constructores
En el expediente al que Newsweek Aguascalientes tuvo acceso, los representantes legales de las empresas que los ejidatarios acusan de invadir su terreno son Gabriel Roqueñi Ornelas y Roberto Cervantes Madrigal.
De acuerdo con los registros disponibles en el Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes, ambos son socios en varias compañías del ramo de la construcción.
Roqueñi Ornelas es presidente Alcarria Aguascalientes Compañía Constructora; como presidente de Constructora Máxima 100, secretario de Inmobiliaria Máxima 100 y administrador de Roqueñi Construcciones, S.A. de C.V. Registros disponibles en la página de transparencia del ayuntamiento de Aguascalientes indican que, desde 2009, las tres empresas recibieron permisos del ayuntamiento.
La constructora recibió un permiso especial y uno de construcción; la inmobiliaria, dos de construcción y uno para habilitar una casa de huéspedes en el condominio La Plazuela. Roqueñi Construcciones recibió un permiso múltiple, que se otorga para remodelaciones o modificaciones.
Roqueñi, ingeniero civil que ha sido perito acreditado por la propia Sedum, no aparece como parte de La Plazuela Condóminos A.C. Pero entre sus propiedades aparece un terreno en ese residencial, registrado con una superficie de 1,129.06 metros cuadrados, que por su lado sur colinda con 25.17 metros con el boulevard Garza Sada y al poniente con 35.94 metros de esa vialidad.
Por su parte, Cervantes Madrigal aparece como presidente de Inmobiliaria Máxima 100, secretario de Constructora Máxima 100 y administrador de CMR Grupo Constructor.
Aunque en el Registro Público no aparece, Roberto Cervantes Madrigal apareció en agosto de 2013 junto a la entonces alcaldesa, Lorena Martínez Rodríguez, como director de la empresa Desarrollos Inmobiliarios del Campestre, en la ceremonia de colocación de primera piedra del condominio vertical Torre Norte Calicantos.
Cuatro meses después de que esa ceremonia fuera difundida por la oficina de comunicación social del ayuntamiento, al empresario se le autorizó el cambio de uso de suelo del predio sobre el que se había colocado esa primera piedra, en calidad de representante legal de la Unión de Crédito Define, S.A. de C.V., una compañía originaria de Saltillo, Coahuila.
Newsweek Aguascalientes llamó a los teléfonos que Inmobiliaria Máxima 100 y Constructora Máxima 100 promueven en su página web para solicitar una entrevista, pero los números ya no existen. Lo mismo en el caso de Roqueñi Construcciones.
Se localizó a Roberto Cervantes Madrigal, a quien solicitó una entrevista, pero tampoco obtuvo respuesta al cierre de la edición.
