El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó a la dirigencia del PAN a nivel nacional reabrir la queja por violencia política de género que interpuso la actual regidora Guadalupe Arrubarrena García, quien denunció que la exdirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas, le negó prestaciones de ley cuando se desempeñó como secretaria general del Comité Directivo Municipal (CDM) en la capital del estado.
El TEEP resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales TEEP-JDC-021/2026, con el cual la actual regidora del municipio de Puebla buscaba revocar el acuerdo de un órgano intrapartidista que decidió no iniciar el procedimiento del expediente CVPG/02/2021.
A su juicio, el caso se cerró de forma indebida. Arrubarrena acusó que, mientras formó parte del CDM, le negaron el alta laboral, percepciones económicas y prestaciones de seguridad social.
Las y los magistrados declararon fundados los agravios expuestos por Arrubarrena García. Señalaron que la autoridad responsable fundó y motivó de manera incorrecta su decisión de no admitir la queja. Por eso, en el proyecto de sentencia de la magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez se ordenó reponer el procedimiento, apegándose a la normativa interna del partido.
El PAN tardó cinco años en responder la queja, que data de 2021. Fue hasta el 5 de mayo de 2026 cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) determinó que no había elementos para iniciar el procedimiento contra Huerta Villegas, actual aspirante a la alcaldía de Puebla, ni contra Jorge Javier Zambrano Morales, entonces tesorero del Comité Directivo Estatal.
El TEEP consideró inválidos los argumentos y ordenó reponer el proceso con perspectiva de género, pues Guadalupe Arrubarrena sostuvo que su propio partido la revictimizó al tardar cinco años en responder y hacerlo de forma negativa.
