Pachuca de Soto, Hidalgo.- Con el objetivo de reconocer el derecho a la muerte digna, a través de la eutanasia, otorgándole una calidad permisiva dirigida a enfermos en situación terminal, la diputada Sharon Macoleta Cisneros, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal federal.
La legisladora argumentó que todo ser humano merece una muerte digna sin sufrimiento, sin dolor, sin depresión y sobre todo tener el libre derecho a la autodeterminación, lo que hace importante establecer la eutanasia activa como un acto de piedad.
Serían los pacientes con enfermedades terminales quienes tomarían decisión sobre su muerte asistida, de acuerdo a la propuesta presentada por la legisladora local.
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la enfermedad en fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución.
Ello derivará en la muerte en un tiempo variable (generalmente inferior a seis meses); es progresiva; provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento (físico, psicológico) en la familia y el paciente.
Macotela Cisneros enfatizó la importancia de que toda persona tenga el derecho a decidir o elegir morir en un ambiente de sufrimiento y dolor o la opción a ejercer el derecho a una a muerte asistida sin dolor, sin sufrimiento.
La propuesta legal implica modificar el artículo 312, del Código Penal Federal para dejar a salvo los derechos de los médicos, en caso de participar en una muerte asistida como lo es la eutanasia activa entendida como el acto médico de terminar intencionalmente con la vida de un paciente en fase terminal, bajo la voluntad de éste, debido a que el sufrimiento se hace insostenible para el paciente en esa situación.
En ese caso, no le aplicaría la pena establecida que va de cuatro a 12 años de prisión; a su vez, la legisladora propuso reformar la Ley General de Salud en la parte que prohíbe la eutanasia activa.
La Ciudad de México fue la primera entidad en aprobarlo en el año de 2008, posteriormente catorce estados de la República Mexicana se sumaron, siendo estos los siguientes: Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En el resto del territorio nacional aun no es legal.
Pero en el caso de Hidalgo, la norma legal únicamente acepta los procedimientos conocidos como voluntad anticipada, mismos que generalmente se elaboran ante un notario público, quien atestigua las instrucciones dejadas por el paciente en caso de tener una enfermedad terminal y/o requerir de tratamientos que lleguen a considerarse invasivos para prolongar su vida.
Redacción Ultra Noticias Hidalgo
