Pachuca de Soto, Hidalgo.- Los casos de responsables de la administración de dinero proveniente del programa La Escuela es Nuestra a cargo del gobierno federal que desparecen con los recursos, “se cuentan con los dedos de una mano”, aseguró el delegado de los Programas para el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno.
Lo anterior fue señalado en conferencia de prensa, asegurando el funcionario que los montos no sobrepasan los cien mil pesos en cada caso detectado.
Señaló que estas situaciones “son singulares y se están atendiendo; nosotros hacemos las denuncias para que se proceda a la búsqueda por todo el país de alguna tesorera que cambió de domicilio y que le faltaba entregar 100 mil pesos, pero esos casos se cuentan con los dedos de una mano”.
El funcionario no dio detalles sobre cuántas denuncias y cuántos casos se han registrado en la entidad de falta de entrega de recursos económicos del programa La Escuela es Nuestra.
Aseguró que el programa federal es de los que tiene mayor transparencia y rendición de cuentas, pues es operado por los padres de familia, quienes integran un comité y son los que se encargan de realizar todo el proceso de obra, aquí comentó que se espera una tercera ministración de recursos.
“Primero se hace una visita a las escuelas y se informa que son acreedoras al programa. Se considera a las escuelas que requieren mayor apoyo, sobre todo las ubicadas en zonas de alta marginación y pobreza o donde habitan pueblos originarios”, expuso Abraham Mendoza.
“La dirección general del Programa La Escuela es Nuestra es quien define qué escuelas serán las beneficiadas. Y se va con los directivos para que se convoque a asamblea para la integración del comité escolar de participación educativa. La comunidad escolar es la que ejecuta el gasto, ellos son los que integran el plan de trabajo”, añadió.
Sobre dicho programa, informó que de 2019 a 2023 se han entregado recursos por mil 600 millones de pesos.
En lo que va de este año, se han recibido dos remesas de recursos públicos: la primera de 870 tarjetas con una inversión de 229.2 millones de pesos y la segunda, de 695 tarjetas, con una inversión de 163.3 millones de pesos.
Reconoció que los recursos pueden resultar atractivos para las empresas y personas que se dedican a alguna rama de la construcción, pero es el Comité Escolar de cada plantel educativo quien decide con quién contratar, sin que la Delegación de Programas del Bienestar intervenga.
Por Daniel Martínez Martínez
