El gobierno municipal de Singuilucan se encuentra en proceso de embargo derivado de una sentencia judicial por laudos laborales, tras una demanda iniciada en 2016 por 30 ex colaboradores.
Singuilucan, Hidalgo.- Lo anterior fue informado en rueda de prensa por la alcaldesa Yasmín Dávila López, señalando que el Tribunal de Arbitraje resolvió a favor de los demandantes y determinó que el municipio debe pagar 21 millones 408 mil pesos, correspondientes a indemnizaciones y prestaciones laborales.
El embargo incluye todas las cuentas bancarias del gobierno municipal, así como varios inmuebles propiedad del gobierno municipal de Singuilucan.
Entre ellos, el terreno para el panteón en la comunidad de Caravallo, áreas verdes y zonas públicas, el auditorio municipal, así como la casa de salud en la localidad de El Susto, además de la capilla de San Joaquín.
Sin embargo, la alcaldesa señaló que tras ser notificados sobre el embargo, el municipio interpuso un recurso de revisión, pues en el proceso judicial no se respetó el derecho de audiencia y el ayuntamiento no fue debidamente informado.
Dávila López señaló que un análisis realizado por el equipo jurídico del ayuntamiento identificó un excedente de casi 5 millones de pesos en el cálculo de la deuda por el pago del laudo.
Dijo que los procesos respecto al pago de laudos se alargaron de manera injustificada por las anteriores autoridades municipales, lo que derivó en la sentencia de pago señalada.
La alcaldesa señaló que fueron encontrados otros cuatro laudos laborales, en los cuales se llegó a negociación con los demandantes, por lo cual se pagaron un millón 971 mil pesos.
“No estamos evadiendo nuestras responsabilidades, el municipio hará frente a los compromisos laborales pero tampoco permitiremos abusos ni pagos indebidos”, señaló.
Además, durante revisión jurídica, fueron localizados otros 70 juicios laborales, de los cuales nueve aún pueden resolverse favorablemente, pero 61 están prácticamente perdidos.
En muchos de estos no hubo defensa legal correcta o no se hizo desahogo de pruebas de manera adecuada.
Aún no se conoce a qué cantidad ascendería el monto a pagar en los casos donde el pago de los laudos sería inminente.
