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Polémica por Pedro Sola impulsa propuesta para castigar discursos de crueldad animal en Michoacán

por Jannia L. Serriteño

La controversia nacional generada por los comentarios del conductor Pedro Sola ya tiene repercusiones en Michoacán, donde organizaciones defensoras de los animales trabajan en una iniciativa para crear un delito específico que sancione las amenazas y discursos que inciten a la crueldad animal, una propuesta que buscarán presentar ante el Congreso del Estado.

Carlos Maya, integrante de Abogados Animalistas de México, explicó que la propuesta es elaborada junto con la Asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), el Comité Estatal Animalista de Michoacán y Activismo por el Mundo Animal. El objetivo es incorporar a la legislación local un delito específico que permita actuar cuando existan amenazas o expresiones que inciten a dañar a los animales.

El abogado señaló que actualmente la legislación ofrece pocas herramientas para perseguir este tipo de conductas, ya que el delito de amenazas está pensado principalmente para personas y resulta complicado que las fiscalías admitan denuncias cuando las advertencias van dirigidas contra animales.

Sobre la polémica de Sola

La controversia por las declaraciones del conductor ya trascendió el ámbito mediático. La organización civil y despacho jurídico animalista Va por sus Derechos, A.C. presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de recursos ante la fiscalía de la Ciudad de México, por los presuntos delitos de apología del maltrato animal y provocación pública para cometer un delito.

La querella también incluye a la conductora Pati Chapoy y a quien resulte responsable de respaldar o difundir las expresiones emitidas durante el programa.

La asociación argumentó que este tipo de mensajes no pueden minimizarse ni tratarse como una broma en un medio de comunicación con alcance nacional, pues consideran que contribuyen a normalizar la violencia contra los animales. En ese contexto, los colectivos michoacanos buscan que el caso sirva como precedente para impulsar cambios legales que permitan sancionar este tipo de conductas y evitar que queden impunes.

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