A casi un año del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó 33 personas detenidas, alrededor de 3 mil 500 actos de investigación y un avance estimado del 90 por ciento en el esclarecimiento del crimen. Además, sostuvo que hasta el momento no existe una línea de investigación que apunte a un móvil político.
Durante la presentación de avances este viernes, el vicefiscal Israel Vega señaló que las indagatorias apuntan principalmente a una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas durante la administración de Manzo, entre ellas la detención de René “N”, alias El Rino, señalado como presunto jefe delincuencial.
“De manera objetiva, lo que nos indican las líneas de investigación que se han agotado, es que efectivamente el móvil es a razón de las acciones frontales que llevaba a cabo el edil en el municipio de Uruapan en contra de los grupos delictivos, principalmente en cuanto fue a la detención de este personaje de apodo el Rino”, es lo que indica de manera objetiva las líneas de investigación dentro de la cártel.”, compartió el funcionario.
De acuerdo con el funcionario, los trabajos ministeriales incluyen el análisis de 199 registros detallados de comunicaciones telefónicas, 72 extracciones de información de dispositivos electrónicos realizadas con autorización judicial y la revisión de aproximadamente mil 200 horas de video.
Vega afirmó que la investigación cuenta con evidencia técnica, científica y jurídica, mientras que la mayoría de los casos relacionados con las personas detenidas están próximos a pasar a la etapa de juicio. En esa fase, corresponderá a los órganos jurisdiccionales determinar la responsabilidad penal de cada imputado a partir de las pruebas presentadas.
La detención de El Rino, ocurrida el 27 de agosto de 2025 por parte de la Policía Municipal de Uruapan, figura entre los antecedentes relevantes de la investigación. Durante ese operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos, droga, dinero en efectivo y equipo táctico, entre otros objetos.
Tras la captura, se registraron movilizaciones de presuntos integrantes del grupo criminal para intentar rescatarlo o sitiar el municipio, situación que llevó al entonces alcalde a activar un código rojo y solicitar apoyo de fuerzas federales.
La Fiscalía considera que las acciones de seguridad impulsadas por Manzo pudieron desencadenar la represalia que derivó en su homicidio. Sin embargo, aunque reportó un avance del 90 por ciento, la institución mantiene pendiente la conclusión de las etapas judiciales para que se determine la responsabilidad de las personas detenidas.
