El Sistema Estatal Anticorrupción turno a la Contraloría del Congreso Local una denuncia que interpuso el Observatorio Ciudadano en la que acusa conflicto de intereses por parte de la diputada panista Paloma Amezquita y el Director de Servicios Parlamentarios de la LXIV legislatura, Javier Soto.
El Sistema Estatal Anticorrupción turno a la Contraloría del Congreso Local una denuncia que interpuso el Observatorio Ciudadano en la que acusa conflicto de intereses por parte de la diputada panista Paloma Amezquita y el Director de Servicios Parlamentarios de la LXIV legislatura, Javier Soto.
La queja de los activistas radica en que Javier Soto es integrante del Frente Nacional por la Familia y que podría haber influido en la iniciativa que blinda la despenalización del aborto en Aguascalientes.
Dado que el conflicto se encuentra definido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que el CPC, así como la SESEA carecen de facultades para investigar, calificar
o sancionar actos que puedan constituir faltas administrativas o actos de corrupción, lo procedente es turnar dicho documento al Contralor del H. Congreso del Estado, Roberto Valdés Ahumada.
Según lo previsto en el artículo 43, fracciones VI y IX del Reglamento Interior del Poder Legislativo, corresponde a la Contraloría Interna del Congreso del Estado “recibir, dar trámite e investigar las quejas y denuncias que se formulen con motivos de actos u omisiones de los servidores públicos” y vigilar así como evaluar el “desarrollo de las atribuciones y actividades de los órganos técnicos y administrativos del Congreso…”.
