La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no es constitucional obligar a las personas propietarias a proporcionar otra vivienda a sus inquilinos cuando termina un contrato de arrendamiento.
El Pleno invalidó una porción de la Ley de Inquilinato de Veracruz que establecía que, al concluir el contrato, la persona dueña del inmueble debía ofrecer otra vivienda al arrendatario o arrendataria en las mismas condiciones de alquiler.
La Corte explicó que el derecho a la vivienda incluye seguridad jurídica en la tenencia. Sin embargo, también subrayó que no se pueden trasladar a particulares responsabilidades que corresponden al Estado.
Según el criterio del tribunal, imponer esa obligación afecta el derecho de propiedad, ya que obliga al dueño del inmueble a asumir una carga que no forma parte de un contrato libremente pactado.
El caso se originó cuando el propietario de una vivienda demandó la terminación de un contrato de arrendamiento celebrado en 1959 en la ciudad de Veracruz, así como la desocupación del inmueble.
En una instancia previa se determinó que el propietario debía cumplir con la obligación de proporcionar otra vivienda al arrendatario. Sin embargo, la Corte revisó el caso y revocó esa decisión.
Finalmente, el máximo tribunal concedió el amparo al propietario y estableció que la obligación de garantizar vivienda corresponde principalmente al Estado, no a particulares.
La resolución quedó asentada en el Amparo Directo en Revisión 2265/2023, criterio que puede influir en futuros casos relacionados con contratos de arrendamiento y derechos de propiedad.
