Por Angélica Patiño
La diputada local y representante de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Fedrha Suriano Corrales, presentó una iniciativa de reforma constitucional encaminada a incorporar el homicidio doloso de un candidato o candidata como una causal explícita para dictaminar la nulidad de un proceso electoral local. La iniciativa busca modificar las disposiciones de la legislación electoral del estado de Puebla para inhibir la violencia política en los comicios.
Suriano Corrales argumentó ante el Pleno que el asesinato de perfiles postulados por las diversas fuerzas políticas del estado vulnera de manera grave los principios de equidad, libertad ciudadana y certeza jurídica que deben regir toda contienda democrática. La propuesta plantea que, al registrarse el deceso violento de un aspirante debidamente registrado ante las autoridades comiciales durante los periodos de campaña o veda electoral, los órganos jurisdiccionales correspondientes cuenten con las facultades legales expresas para declarar la invalidez del ejercicio y convocar a elecciones extraordinarias.
El diseño normativo de la iniciativa de reforma contempla mecanismos técnicos para verificar que el hecho delictivo haya tenido un impacto real en el ánimo del electorado, la estructura de participación ciudadana del partido político afectado y las condiciones de paz pública del distrito electoral o municipio en cuestión. La legisladora de la bancada naranja sostuvo que el blindaje legal de los procesos electorales frente al crimen organizado es un paso urgente para evitar que la violencia física altere la libre conformación de las estructuras gubernamentales.
El proyecto de decreto de la diputada fue remitido ante las mesas de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo para la revisión de viabilidad normativa y armonización con las tesis vigentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Representantes de diversos colectivos de participación política en Puebla expresaron la necesidad de desahogar discusiones técnicas y parlamentos abiertos para analizar los alcances institucionales y procesales de la adición normativa propuesta.
