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Proponen impedir acceso a cargos públicos a quienes incurran en discriminación en Hidalgo

por Izza Hernández Huerta

Neptalí Reyes Bolaños, padre de un menor con síndrome de Down que fue víctima de discriminación, exhortó al gobernador Julio Menchaca, al Congreso local y a diversas instituciones a impulsar una reforma a la Constitución Política del estado, con el fin de evitar que personas que hayan cometido discriminación agravada contra niñas y niños puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.

Desde las inmediaciones de Palacio de Gobierno, el padre recordó el caso de su hijo, ocurrido en 2018 durante clases de natación impartidas por el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide). Este hecho derivó en la recomendación 81/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se acreditaron actos de discriminación, violaciones a derechos humanos y la falta de ajustes razonables por parte del Estado mexicano.

En ese periodo, la titular del Inhide era Fátima Baños Pérez, quien recientemente asumió la dirección del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial de Hidalgo, situación que generó atención mediática y diversas posturas por parte de la familia del menor.

Días atrás, Baños Pérez solicitó licencia sin goce de sueldo con el objetivo de recopilar documentación oficial sobre el cumplimiento de la recomendación, y sostuvo que asumió la responsabilidad institucional de manera seria.

No obstante, Reyes Bolaños señaló que existen fallas estructurales en el sistema institucional, al considerar que se realizan designaciones en cargos de alto nivel sin una revisión exhaustiva de antecedentes. Además, indicó que los organismos encargados de control suelen archivar quejas sin notificar a los denunciantes y que no hay lineamientos claros para impedir que personas con antecedentes de violaciones a derechos humanos accedan a puestos relacionados con la formación judicial o la ética pública.

Explicó que en la vía penal este fue el primer caso en Hidalgo en el que se vinculó a proceso a un servidor público por discriminación agravada, dentro del expediente 225/2020. El proceso concluyó mediante una salida alterna con suspensión condicionada, lo que implicó el reconocimiento de los hechos, aunque evitó llegar a juicio oral. Señaló que, si bien se cumplió lo ordenado por el juez, no se atendieron las demandas de las víctimas, como una disculpa pública y una capacitación efectiva en derechos humanos.

Añadió que interpusieron recursos de apelación y amparo al considerar que no hubo una reparación integral del daño ni sanciones administrativas contundentes, ya que la denuncia presentada en 2019 ante el Órgano Interno de Control del Inhide fue archivada por la Secretaría de Contraloría debido a la supuesta falta de pruebas.

Ante ello, reiteró su llamado a modificar la legislación para que los antecedentes relacionados con violaciones a derechos humanos sean considerados como parte de los requisitos de idoneidad para acceder a cargos públicos, especialmente en instituciones vinculadas con la impartición de justicia.

Finalmente, expresó su expectativa de que distintos sectores respalden esta propuesta y reconoció el apoyo previo del gobernador, confiando en que iniciativas de este tipo puedan impulsarse desde todos los niveles.

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