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Proponen reforma para reforzar protección en casos de violencia familiar en Hidalgo

por Izza Hernández Huerta

Durante la sesión ordinaria de este martes en el Congreso de Hidalgo, la diputada Tania Meza Escorza presentó una iniciativa con el objetivo de fortalecer la atención y protección a víctimas de violencia familiar equiparada, mediante la ampliación de supuestos legales y del tiempo en que se reconoce una relación de hecho.

La propuesta contempla incluir de manera explícita como sujeto de protección a la persona con quien se tengan hijas o hijos en común, además de extender de dos a cinco años el periodo en el que una relación de hecho es considerada jurídicamente.

La legisladora explicó que esta medida busca evitar vacíos legales, reducir posibles escenarios de impunidad y ofrecer una protección más efectiva y acorde a las dinámicas actuales de las relaciones familiares.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2026 se registraron 18 mil 812 casos de violencia familiar en el país. En ese mismo periodo, Hidalgo contabilizó 458 denuncias, lo que representa cerca del 2.4 por ciento del total nacional, ubicando a la entidad en un nivel intermedio, aunque con una problemática que requiere atención constante.

Actualmente, el Código Penal del estado sanciona la violencia familiar equiparada cuando se comete contra personas bajo custodia, cuidado o protección, así como contra quienes mantuvieron una relación de hecho hasta dos años antes del delito. Sin embargo, la iniciativa señala que este marco resulta limitado frente a las formas en que persiste la violencia incluso después de la separación.

El planteamiento subraya que la existencia de hijas o hijos en común mantiene un vínculo permanente entre las personas, aun cuando la relación haya terminado, debido a responsabilidades como la manutención, la convivencia, la guarda y custodia, así como la toma de decisiones en la crianza.

En ese contexto, se advierte que la violencia puede continuar e incluso agravarse tras la ruptura, manifestándose mediante prácticas como el uso de hijas e hijos para ejercer presión, amenazas relacionadas con la convivencia, incumplimiento de obligaciones, sustracción de menores, conflictos durante entregas y recepciones, así como agresiones derivadas de desacuerdos en la crianza.

Asimismo, la ampliación del plazo de dos a cinco años responde a que muchas conductas violentas no ocurren inmediatamente después de la separación, sino que pueden surgir tiempo después por factores como nuevas relaciones, disputas legales o conflictos patrimoniales.

La iniciativa propone reformar el artículo 243 Ter del Código Penal de Hidalgo para establecer que estos actos serán considerados como violencia familiar equiparada y sancionados en consecuencia cuando se cometan contra la persona con quien se tengan hijas o hijos en común o con quien se haya mantenido una relación de hecho dentro de los cinco años previos.

Con esta propuesta, se busca ampliar el reconocimiento legal de las distintas formas en que se configuran las relaciones familiares y cerrar posibles lagunas jurídicas que podrían dejar sin protección a víctimas en contextos de violencia persistente.

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