Con la finalidad de frenar prácticas utilizadas para evadir el pago de la pensión alimenticia, el diputado José María Alejandro Pérez Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.

La propuesta plantea cambios a la fracción V del artículo 243, con el objetivo de ampliar las causas por las cuales se puede suspender la patria potestad, particularmente en casos donde la persona deudora simule condiciones económicas para no cumplir con su obligación.
Entre estas conductas se encuentran aparentar menores ingresos, ocultar percepciones adicionales, proporcionar información falsa o incluso modificar su situación laboral de manera intencional para evitar el pago correspondiente.
El legislador recordó que el derecho a recibir alimentos está reconocido en el artículo cuarto de la Constitución, y que este concepto no solo abarca la alimentación, sino también aspectos esenciales como vivienda, salud, educación, vestimenta y recreación para hijas e hijos.
Explicó que, tras una separación o divorcio, una persona juzgadora determina el monto de la pensión con base en las necesidades de los menores y la capacidad económica de quien debe cubrirla. Sin embargo, señaló que en muchos casos se recurre a prácticas engañosas para aparentar una menor solvencia.
Entre las estrategias más comunes destacan la alteración de ingresos, poner bienes a nombre de terceros, fingir un estilo de vida limitado o incluso renunciar al empleo para justificar la falta de recursos.
El proyecto advierte que estas acciones constituyen una forma de violencia económica que impacta principalmente a mujeres, así como a niñas, niños y adolescentes, quienes dependen de este apoyo para su desarrollo.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, mientras que el 67.5 por ciento de las madres solteras carecen de este respaldo económico.
Finalmente, la iniciativa busca reforzar el marco legal para evitar simulaciones y asegurar que las y los menores reciban los recursos que por derecho les corresponden.