La protección del patrimonio cultural en México dio un paso importante tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fortaleció los derechos del Pueblo Maya frente al uso comercial de sus elementos culturales.
El caso surgió cuando una empresa turística utilizó elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad. Aunque inicialmente presentó un contrato que supuestamente le otorgaba autorización, una instancia judicial había concedido la suspensión de medidas cautelares que ordenaban retirar ese material promocional.
Sin embargo, al revisar el caso, la Suprema Corte determinó que dicho contrato no cumplía con los criterios jurídicos necesarios para considerarse válido, al no superar el análisis de la apariencia del buen derecho. Es decir, no ofrecía una base sólida que justificara permitir el uso de ese patrimonio bajo fines comerciales.
Con esta decisión, se revocó la suspensión y se dio prioridad a las medidas que buscan proteger el patrimonio cultural.
El Pleno también recordó que, tras la reforma constitucional de 2024 y la legislación vigente en la materia, el patrimonio cultural —tanto material como inmaterial— pertenece de manera colectiva a los pueblos indígenas. Esto implica que su protección no es opcional, sino un asunto de orden público e interés social.
Más allá del caso específico, esta resolución marca un precedente relevante: los elementos culturales de los pueblos originarios no pueden ser utilizados libremente con fines comerciales sin un sustento legal claro y legítimo.
La decisión también abre una conversación necesaria sobre el equilibrio entre desarrollo económico y respeto cultural, especialmente en sectores como el turismo, donde la identidad de los pueblos suele ser parte central de la promoción.
