De cara al proceso electoral concurrente de 2027, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) analiza endurecer los criterios de elegibilidad para aspirantes a cargos públicos, particularmente en casos relacionados con deudas alimentarias y conductas de violencia.
La consejera presidenta del organismo, María Magdalena González Escalona, señaló que una de las prioridades es consolidar mecanismos que permitan prevenir este tipo de situaciones y asegurar que quienes busquen una candidatura cumplan con estándares de integridad.
Explicó que actualmente se desarrollan mesas de diálogo con los partidos políticos para establecer las reglas de postulación, en las que se revisan a detalle los requisitos legales que deberán cubrir quienes aspiren a diputaciones locales o a integrar ayuntamientos.
Recordó que, desde el proceso electoral anterior, se contemplan sanciones como la cancelación o negativa de registro a candidaturas en caso de incurrir en diversas faltas, entre ellas delitos contra la vida, agresiones de carácter sexual, violencia familiar, violencia política, así como el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
En este último aspecto, indicó que se trabaja en la coordinación con instancias jurisdiccionales para validar la información contenida en el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de garantizar que los datos sean precisos al momento de evaluar a las y los aspirantes.
González Escalona destacó que el fortalecimiento de estas disposiciones es clave para fomentar una participación política en condiciones de igualdad y desalentar prácticas contrarias a la ley.
Subrayó que las sanciones deben ser efectivas, no solo como castigo, sino como una medida que realmente prevenga la repetición de conductas indebidas.
Durante su participación en el conversatorio “Reflexiones sobre las obligaciones alimentarias y su impacto en los procesos electorales”, la funcionaria enfatizó la importancia de mantener un diálogo permanente y robustecer la normativa electoral ante los retos que enfrentan mujeres, niñas, niños y las instituciones democráticas.
Finalmente, reiteró que el instituto mantendrá una postura firme ante el incumplimiento de responsabilidades, con el objetivo de asegurar que las candidaturas respondan a principios éticos y legales, sin que intereses particulares estén por encima de los derechos de las personas.
