Por Violeta García Rojas
El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, fijó su postura frente al análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la posible invalidez del delito de ciberasedio en la entidad. El mandatario poblano optó por una política de prudencia y evitó cualquier confrontación con el máximo tribunal del País.
Armenta manifestó su pleno respeto a la división de poderes y señaló que su administración acatará la resolución que emitan los ministros sobre la constitucionalidad de dicho tipo penal. El análisis de la Corte surgió tras diversas impugnaciones que señalaron una presunta ambigüedad en la redacción de la ley local vigente.
El Ejecutivo estatal enfatizó que el objetivo de las normas locales ha sido siempre la protección de las víctimas en el entorno digital, sin embargo, reconoció la facultad de la SCJN para corregir excesos legales. El Gobernador aseguró que, de invalidarse el delito, se trabajará en nuevas propuestas que se ajusten a los criterios judiciales.
La postura institucional buscó mantener la estabilidad política mientras se espera el dictamen final de la Suprema Corte. Mientras tanto, las fiscalías estatales continúan operando bajo el marco legal actual, en espera de que se definan los límites de la sanción penal al acoso en redes sociales.
