- Ministro Alberto Pérez Dayán admite siete acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B de la reforma electoral presentadas por partidos políticos, senadores, diputados y alcaldes de oposición.
El ministro Alberto Pérez Dayán ha admitido a trámite siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, senadores, diputados y alcaldes de oposición en contra del Plan B de la reforma electoral, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas impugnaciones se suman a las más de 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales que ha recibido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con esta reforma.
Pérez Dayán, quien también suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo el 0.1 por ciento del presupuesto de las alcaldías del país, ha tomado esta medida para que no se apliquen en el Estado de México y Coahuila, los dos estados que tendrán elecciones este año.
Entre las acciones de inconstitucionalidad turnadas para su análisis, se encuentran las promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), el Instituto Nacional Electoral (INE), así como por diversos diputados y senadores del Congreso de la Unión. En ellas se considera que las reformas debilitan y violan la autonomía del INE.
Además, la SCJN ha recibido más de 31 controversias constitucionales y entre ellas destacan las tramitadas por el INE y el municipio de Durango. La mayoría de los municipios que promovieron controversias constitucionales son de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, y son gobernados por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano.
La reforma electoral del presidente López Obrador ha generado gran controversia y ha sido criticada por la oposición y diversos sectores de la sociedad. La SCJN será la encargada de analizar las impugnaciones y controversias constitucionales presentadas y decidir si las reformas son constitucionales o no.
