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A cualquiera que se compruebe el vínculo con el crimen organizado o incurra con delitos, no se dudará en aplicar la ley.
Violeta García Rojas
En caso de que el alcalde de Palmar de Bravo Pablo Morales Ugalde, resulte responsable de cualquier delito o vinculación con el crimen organizado, lo mismo que otros presidentes municipales o empresarios, se aplicará la ley, sentenció el secretario General de Gobierno, Diódoro carrasco Altamirano.
Detalló en entrevista, que como consecuencia de que gobierno del estado solicitó la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para auditar a gasolineras, no sólo para atacar el robo de combustible a través de la ordeña, sino la venta, ha generado que en Puebla se hayan clausurado 9 expendios de combustible, 2 el año pasado y 7 en este 2017.
Expuso que es el gobierno federal el que tiene que resolver este flagelo, por tratarse de un delito que daña el patrimonio de la nación, además de la evasión fiscal y lavado de dinero, porque se ha comprobado que las estaciones de servicio venden más de lo que compran a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El encargado de la política interior en el estado de Puebla, Diódoro Carrasco, precisó que si al alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales, o alguno otro, así como a los gasolineros, el SAT y la Procuraduría General de la República (PGR), les comprueba algún vínculo con el crimen organizado o que están incurriendo en delitos, no se dudará en aplicar la ley.