Pachuca de Soto, Hidalgo.- Diputados de diferentes partidos políticos propusieron desde el Congreso de Hidalgo clasificar como delitos el hostigamiento y acoso sexual, considerando penas de hasta dos y tres años de prisión, mismas que se duplicarían si se trata de servidores públicos o docentes.
En sesión de este jueves, Víctor Guerrero de Morena, José Luis Espinosa del PRI, Jajaira Aceves del PES y Claudia Lilia Luna del PAN explicaron que tan solo en el transporte público el 80 por ciento de usuarias, encuestadas por una organización en Pachuca y la zona metropolitana, manifestó haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual como el acoso durante su traslado.
Además, que en México apenas 16 estados consideran el acoso sexual como delito e Hidalgo no se encuentra entre ellos, por lo que propusieron agregar un capítulo al Código penal del estado para tipificar los delitos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la entidad.
En ese sentido, la propuesta considera que comete hostigamiento sexual quien con fines sexuales o lascivos asedie a una persona sin su consentimiento valiéndose de una relación o cualquier circunstancia que los relacione en lo laboral, profesional, docente, doméstico o similar; y se impondrían penas de tres meses a dos años de prisión y una multa de 60 a 100 Unidades de Medida y Actualización.
Mientras que cometería el delito de acoso sexual quien con fines sexuales o lascivos y sin que exista relación de algún tipo, asedie a una persona sin su consentimiento, ya sea de manera gestual, verbal o corporal en lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros o cualquier espacio en el que interactúen personas.
En ese caso, se castigaría con una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización vigentes y si el delito fuera cometido por personal que labore en instalaciones o vehículos de transporte público, la pena se aumentaría en una mitad.
En ambos casos (hostigamiento y acoso) la pena de prisión se duplicaría si la victima es menor de edad o vulnerable; también cuando se trate de un servidor público docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa o de asistencia social a quienes además se les destituiría del cargo y no podrían ocupar otro por cierto tiempo.
La iniciativa fue enviada a la comisión de Seguridad ciudadana y justicia para que sea analizada y en caso de ser aprobada por el pleno entraría en vigor al día siguiente de su publicación oficial.
Con información de David Corona Padilla / El Independiente de Hidalgo
