Pachuca de Soto, Hidalgo.- Los diez detenidos, entre ellos una mujer, por el enfrentamiento el miércoles en la planta cementera Cruz Azul fueron presentados el viernes 29 de abril ante un Juez de Control, a quien la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) presentó elementos que considera suficientes para que sean procesados.
Lo anterior, tras las 48 horas de haber sido detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
“Lo que han declarado algunos es que fueron contratados para ir a un desalojo y otros refieren que fueron engañados y llevados a la planta bajo promesa de darles empleo como obreros”, dijo al diario Reforma una fuente judicial.
Los detenidos son acusados de homicidio, lesiones y daño en propiedad. En el enfrentamiento fallecieron ocho personas y 12 resultaron lesionadas, por lo que la (PGJEH) busca que el juzgado formule la imputación para obtener la vinculación a proceso y, con ello, sean recluidos mientras continúan las investigaciones.
De acuerdo a las fuentes consultadas por Reforma, a los presuntos implicados en los violentos hechos les fueron encontrados indicios balísticos hallados por peritos de calibres 38 súper, 9 milímetros y escopeta.
Los detenidos se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional como parte de la audiencia inicial ante un juez de control, acusados de homicidio, lesiones y daño en propiedad.
La audiencia será reanudada hasta el próximo martes, por lo que los detenidos permanecerán en el Cereso de Tula, confirmaron fuentes judiciales.
Los presuntos son oriundos del Estado de México, principalmente de los municipios de Chalco, Tecámac, San Juan de Aragón, Ixtlahuaca, Tlapacoya, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Otro estaba radicado en Iztapalapa.
Además, la PGJEH indaga quién o quiénes pagaron a los integrantes del grupo de choque para efectuar “un desalojo”.
Los cuerpos se encuentran en el Servicio Médico Forense a la espera de ser identificados, pues de los ocho fallecidos, sólo uno ha sido identificado y entregado a sus familiares, siendo trabajador de la empresa, señaló la fuente a Reforma.
Este conflicto es generado por dos grupos ya definidos que se dicen encabezar legalmente los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul.
Se trata, por un lado, de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez. En la contraparte están Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, quienes actualmente laboran la cementera ubicada en Tula y señalan contar con amparos para ello.
Los cooperativistas agrupados con Sarabia Pozo y López Morales fueron quienes impidieron la toma de la planta, lo que derivó en el enfrentamiento.
Por Daniel Martínez Martínez
