Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Gracias a que cuentan con recursos económicos, hombres han logrado que sus ex parejas sentimentales no puedan ni siquiera ver a sus hijos, incluso con el apoyo de juzgadores que les dan la razón legal, aprovechando además la ignorancia sobre la aplicación de las leyes al respecto.
Lo anterior fue señalado por Mary Carmen Barranco, integrante del Frente Nacional de Mujeres contra la Violencia Vicaria durante la manifestación que llevaron a cabo este viernes 8 de julio a las afueras de Ciudad Judicial, en Tulancingo, exigiendo que sus casos sean revisados adecuadamente.
En su caso, Barranco señaló que presentó seis demandas hacia su ex pareja sentimental, entre ellas, una por intento de homicidio, dos de incumplimiento de responsabilidades y otra más por amenazas; pese a ello, dijo que los encargados de su caso han permitido que no se les deje ver a sus hijas, quienes están con familiares del presunto agresor.
“Se llevaron el juicio a la ciudad de México, lo que me complica moverme, además de las complicaciones económicas que representa, pero mis hijas están en Tulancingo con su abuela (la madre del agresor) y tiene 40 días que no las he podido ver”.
Señaló que hay varios casos como el suyo, señalando que hasta el momento alrededor de 30 mujeres de Pachuca y Tulancingo se han acercado a la organización para visibilizar la situación que están viviendo y que puedan encontrar solución en cada caso.
“Existimos quienes no tenemos un empleo formal, y hemos tenido que vender nuestras pertenencias para poder solventar los procesos legales, además de solventar nuestros gastos personales”, intervino Katya Vázquez, a quien no le han dejado ver a sus hijas desde hace 220 días.
Dijo que su proceso legal lleva varios meses que han sido desgastante tanto en lo económico como en lo emocional, señalando que durante ese tiempo ha conocido varios casos más, lo que significa que la separación violenta de los hijos es común.
Ambas señalaron que seguirán adelante con sus protestas y manifestaciones para que se visibilice la situación y por tanto se atienda, exigiendo apoyo de las autoridades para la revisión legal, así como para que legisladores consideren que esta situación sea castigada adecuadamente.
Por Daniel Martínez Martínez
