Por: Jessica González
La OEA cuestiona la elección popular de jueces en México; Claudia Sheinbaum defiende el modelo y pide respeto a la soberanía.
El pasado 1 de junio, México llevó a cabo un inédito proceso electoral en el que la ciudadanía eligió a cientos de integrantes del Poder Judicial. Esta elección, sin precedentes a nivel mundial, fue observada por la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), cuyo informe preliminar ha generado polémica a nivel nacional e internacional.
En su evaluación, la OEA señaló deficiencias en el proceso, como la intervención de poderes políticos en la selección de comités evaluadores, la falta de espacios para impugnaciones ciudadanas y la ausencia de mecanismos que garantizaran la independencia judicial. La misión concluyó que, dadas estas debilidades, no recomienda que este modelo de elección judicial sea replicado por otros países de la región, subrayando que podría poner en riesgo los principios de imparcialidad, transparencia e independencia del sistema judicial.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por una reportera sobre este posicionamiento de la OEA. La periodista expresó que este organismo busca que los poderes judiciales de América Latina sigan capturados por élites económicas, aludiendo a estrategias como el lawfare o guerras judiciales para intervenir en gobiernos progresistas. Ante esto, cuestionó si México debería continuar como miembro de la OEA y propuso una mayor alineación con la CELAC, organización que promueve la integración regional sin intervención externa.
“Excede completamente los estatutos de la OEA”, expresó Sheinbaum.
Sheinbaum afirmó que la OEA ha excedido sus facultades al emitir recomendaciones políticas sobre un modelo que aún no ha sido evaluado en la práctica, ya que los jueces electos aún no han tomado posesión. Defendió el principio de no intervención establecido en los estatutos del organismo, y anunció que ya se ha enviado una carta a la cancillería para establecer un diálogo institucional con la OEA, dejando claro que México no está de acuerdo con su injerencia.
La polémica pone sobre la mesa el debate sobre la independencia del Poder Judicial en América Latina y el papel de organismos internacionales en los procesos internos de sus países miembros. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca este experimento democrático sin precedentes.
