Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- El penal de Tulancingo, en los últimos cinco años, es parte de los 42 centros penitenciarios que presentaron condiciones de autogobierno o cogobierno, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En la recomendación general número 30/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que habla sobre visibilizar la necesidad de atender de mejor forma esta problemática, está incluida la cárcel de la segunda ciudad más importante de Hidalgo.
Se dio a conocer en las Recomendaciones M-01/2016, M-03/2016 y M-04/2016 sobre los centros de reclusión que dependen de los Gobiernos de los Estados de Nuevo León, Quintana Roo e Hidalgo, emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Lo anterior, en relación a las condiciones de autogobierno /cogobierno, existente en los Centros de Readaptación Social (CERESOS) de esas entidades federativas, que se detectó la presencia de grupos de internos con poder, los cuales ejercen control sobre otros reclusos y diversas actividades como las de tipo laboral y recreativo.
Además: Reparto de alimentos, Asignación de tareas de limpieza de áreas comunes, Administración de tiendas de abarrotes y otros negocios de venta de alimentos, así como la existencia de cobros por concepto de “protección”.
Igualmente: Asignación de plancha para dormir, Pase de lista, Mantenimiento de dormitorios, No realizar tareas de limpieza, entre otros.
De hecho, en Hidalgo son 3 penales, además de Tulancingo; el Centro de Reinserción Social de Pachuca, de Tula y de Actopan, los que están en esta recomendación general emitida por la CNDH.
La Secretaría de Gobernación informó que en 138 establecimientos persiste el problema de la sobrepoblación y que éste constituye un factor que contribuye al autogobierno debido a que, cuando es mayor el número de personas que debe controlar un elemento de seguridad, es inversa y progresivamente menor la capacidad de conducción porque se rompe la proporción en el manejo razonable de la población, por lo que debe considerarse que ningún centro incrementa la plantilla de personal en proporción a la cantidad de personas que ingresan.
Las condiciones de autogobierno /cogobierno han sido constatadas y documentadas en diversos Informes y Recomendaciones publicados por la Comisión Nacional y a través de los múltiples recorridos por los centros penitenciarios en los que se entrevistaron a personas privadas de la libertad, a personal de todos los niveles y se hicieron visitas a las diferentes áreas para verificar, cita el informe, que además es público.
Las condiciones reales de los establecimientos y de su funcionamiento, complementando los datos con la estadística de cada centro en lo que se refiere a incidencias, homicidios, riñas, motines, desórdenes, abuso y quejas, que en su conjunto constituyen indicadores de operación del establecimiento que en su conjunto se integran al Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario y resalta su preocupación al observar que estas prácticas persisten.
Entre las recomendaciones emitidas el 8 de mayo de este año, destacan: Se ejecute un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que guarda la seguridad, y las condiciones de gobernabilidad de todos los centros penitenciarios y que se instrumente un programa de mejora continua que contemple su control y gobierno de forma integral.
Y que se impulsen los programas de rendición de cuentas por parte de los órganos de control de cada dependencia y/o entidad federativa, para erradicar prácticas que fomenten condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana, quienes a través de estos programas deberán estar informando periódicamente sobre los avances en la materia.
Aunado a que se desarrolle un programa permanente de capacitación para el personal de seguridad y custodia de los centros de reclusión de la República Mexicana a efecto de garantizar la seguridad y control de la institución, erradicar las prácticas de autogobierno y/o cogobierno, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
“Con base en el mismo fundamento jurídico, se informa a ustedes que las Recomendaciones Generales no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias; sin embargo, se requiere que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las recomendaciones se envíen a esta Comisión Nacional en un término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la presente Recomendación”, de ahí que ya esté en término de la respuesta.
Por Daniel Martínez Martínez