Pachuca de Soto, Hidalgo.- El consejo de administración de la empresa Corredor Felipe Ángeles sostendrá una reunión con el Congreso local, para informarle sobre las circunstancias omitidas por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot) respecto de la revocación del título de concesión del Tuzobús y el adeudo del gobierno estatal.
Mediante un desplegado, el consejo de administración de la empresa Corredor Felipe Ángeles, encabezado por Joaquín Gutiérrez García, informó que el juez tercero de distrito en el 29 circuito, en Pachuca, determinó a principios de junio suspender las resoluciones adoptadas en la asamblea general de accionistas celebrada el 24 de abril, donde fue elegida una nueva mesa directiva.
Lo anterior, tras la impugnación por la elección del otro consejo de administración; luego del fallo del juez, la administración en funciones es la que preside Joaquín Gutiérrez, quien puntualizó que la Semot ha proporcionado información sesgada e imprecisa con la que pretende justificar la revocación de la concesión del Tuzobús.
El desplegado enlista 10 puntos, entre los cuales señala que en diciembre de 2016 les modificaron la forma de pago de la contraprestación establecida en el título de concesión, lo que redujo los ingresos de la empresa considerablemente y “la Semot no ha cumplido con todas las acciones a las que se comprometió (en ese convenio)”.
Además de que desde diciembre de 2017 se abstuvieron de aprobar el modelo financiero del sistema Tuzobús para 2018 y 2019, donde plasmaran los costos reales para la operación del mismo, ocasionando que opere con costos de 2016, con afectación por el incremento de insumos; así como la generación de una deuda del gobierno a la empresa por 70 millones de pesos.
La firma dio a conocer que solicitó al Congreso local una reunión “para informar las circunstancias que fueron omitidas por la Semot y el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), debido a la seriedad de los acontecimientos y sus posibles recuperaciones”.
Asimismo, informó que ejercerán las acciones jurídicas correspondientes para salvaguardar el patrimonio de todos los socios, ya que se pone en riesgo el patrimonio de la empresa, lo que perjudica a más de 200 familias que dependen de los ingresos de la misma.
Por Daniel Martínez Martínez
